La Junta andaluza retiene parte del sueldo a las agentes de policía embarazadas
Varias agentes de policía dependientes de la Junta de Andalucía, la policía autonómica puesta en marcha por el PSOE y Manuel Chaves, llevan hasta dos años exigiendo que les paguen los complementos que se les retiraron al quedar embarazadas.
A pesar de las leyes aprobadas por la Junta, el gobierno socialista que la dirige no abona la totalidad de las retribuciones del puesto de trabajo que desempeñaban a las policías que quedan embarazadas y se dan de baja. Lo ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía que conoció el caso de tres mujeres policías a las que le retiraron varios complementos aunque prefirieron guardar silencio y no reclamar, haciendo caso del viejo dicho socialista de quien se mueve no sale en la foto.
Lo ha explicado este lunes El Correo de Andalucía. Una embarazada puede dejar de cobrar parte de su sueldo en la Policía Autonómica, como le ha ocurrido a varias sevillanas que llevan hasta dos años exigiendo que les paguen los complementos, a pesar de que las leyes la protegen.
Pero las leyes son papel mojado cuando la voluntad política es otra. En este caso, la voluntad política es de la consejería de Gobernación, de la que depende la policía autonómica y que regenta Luis Pizarro, del clan de Alcalá como Bibiana Aído, su paisana de Alcalá de los Gazules, que aunque dice garantizar ese derecho, de hecho ha retirado a varias policías estos extras de sus retribuciones.
No importa que haya leyes y disposiciones que obligan a hacerlo con toda claridad. Por ejemplo, la Ley 3/2007 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres en su artículo 58, "Si las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o el hijo podrá concedérsele licencia.
En estos casos se garantizará la plenitud de los derechos económicos durante la licencia. Asimismo insisten en lo mismo la resolución de la Dirección General de Policía de 2 de marzo de 2001 y el Real Decreto 2/2006 de prevención de riesgos laborales del Cuerpo Nacional de Policía, al que pertenecen las policías andaluzas.
Dice El Correo certificando el miedo que existe a denunciar: "Aunque no quieren que se conozcan sus circunstancias personales, una lleva dos años pidiendo el complemento que dejaron de pagarle durante la baja que precedió al parto y los cuatro meses de baja maternal. Otra intenta cobrar esos atrasos desde hace 11 meses, y una tercera acaba de pedirlo porque le retiraron el complemento en diciembre. Ninguna ha recibido respuesta."
El Sindicato Unificado de Policía dice conocer al menos a otras tres mujeres a las que les retiraron los extras y prefirieron no reclamarlos. Pueden no parecer cifras altas, pero la Policía Autonómica sólo tiene a 17 mujeres en Sevilla -46 en toda Andalucía-. "La Policía es un cuerpo masculinizado, a ninguna nos gusta señalarnos porque nuestros compañeros nos pueden mirar mal. Hay mucho policía mayor que no entiende que nos sigan pagando igual. Y en ese momento de nuestras vidas tampoco nos apetece pelear", explicaron en el sindicato.
Por el contrario, la situación de las mujeres policías en la Policía Nacional, es mucho mejor porque sus retribuciones no cambian al comunicar su embarazo, ni aunque pasen de un puesto con complementos por ser de alto riesgo a otro de oficina. Y es lo extraño porque la policía autonómica andaluza es una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, por lo que sus efectivos se rigen por las mismas normas. La Junta dice que estos casos se deben a retrasos burocráticos.
La Junta reconoce el derecho de las embarazadas a percibir el mismo sueldo, aunque no es la primera vez que la administración andaluza se tropieza al aplicar las leyes de igualdad a las embarazadas: hace dos años el escándalo fue mayúsculo al ser destituidas seis profesoras interinas con gestaciones de riesgo, según Educación porque desconocía sus embarazos. Fueron readmitidas en cuanto el caso se conoció; el presidente de la Junta, entonces Manuel Chaves, pidió disculpas y hasta la Consejería de Educación y el PSOE arremetieron contra la delegación provincial, responsable de los ceses
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