LD (EFE) El Parlamento catalán ha aprobado la ley sobre fosas comunes, cuyo objetivo es localizar los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y que plantea que el Gobierno autonómico sufrague la exhumación de las fosas que autorice un comité técnico.
El proyecto de ley ha salido adelante con los votos del tripartito catalán y de CIU, mientras que han votado en contra los representantes del PPC y se han abstenido los tres diputados de Ciudadanos, cuyas diferencias internas han quedado patentes.
Esta nueva ley reconoce que los ciudadanos puedan obtener información sobre el destino de los desaparecidos y señalizar el lugar del entierro y, si corresponde, a la recuperación de sus restos.
Para que el Gobierno sufrague la apertura de la fosa común, deberán pedirlo primero familiares del desaparecido o bien una institución o entidad dedicada a la recuperación de la denominada memoria histórica, luego un comité técnico deberá dar su visto bueno tras comprobar que hay pruebas documentales y en último lugar la Generalidad decidirá.
El Gobierno catalán ha contabilizado un total de 179 fosas comunes en esta comunidad, pero sólo prevé la apertura de unas dos o tres cada año. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha lamentado el "olvido" y "menosprecio" de las víctimas republicanas durante la dictadura. Sin embargo, ha remarcado que no habrá "distinciones" entre víctimas por cuestiones ideológicas y ha reprochado la negativa del PPC a apoyar la ley.
Como respuesta, el diputado popular Rafael López ha subrayado que el PPC siempre ha estado "con las víctimas", que en España "nunca se ha perdido la memoria histórica" y que fue con la mayoría absoluta del PP cuando "surgen las políticas de memoria histórica". Asimismo, al igual que el diputado de Ciudadanos, Albert Rivera, el representante del PPC ha lamentado que Saura pretenda una gestión ideológica de este derecho de los ciudadanos.
El rifirrafe dialéctico entre populares y ecosocialistas ha continuado con la intervención del presidente del grupo parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, quien ha criticado al PPC por pretender con sus enmiendas extender el alcance de la ley a la II República, una "ofensa al sistema democrático", ha concluido.
A pesar del apoyo de CiU, el diputado Santi Vila ha alertado al Gobierno catalán de que el reto de la exhumación de fosas no debe ser el "principal", ya que abrir las 179 fosas localizadas en Cataluña costaría 16 millones y se alargaría durante 59 años, ha dicho.
Por ello, ha pedido centrar los esfuerzos en dignificar y señalizar las fosas, unos comentarios con las que ha marcado distancias el diputado de ICV-EUiA al subrayar la importancia para cada familiar de tener los restos de sus parientes desaparecidos.
Por su parte, el diputado del PSC-CpC Josep Maria Balcells ha destacado que la ley supone un "compromiso legal y moral con los desaparecidos" y una "nueva oportunidad para hacer las paces con el pasado", mientras que la representante de ERC, la escritora Maria Mercè Roca, ha sentenciado que "los muertos por los cuales nadie se había preocupado serán ahora de todos".