La Generalidad se incauta dinero de los difuntos para pagarle el local a una fundación de Maragall, Carod-Rovira y Borrell
Morir en Cataluña sin testamento ni herederos puede ser un acto patriótico a la fuerza. La Generalidad utiliza las herencias intestadas para financiar organizaciones que promueven el boicot al castellano o en las que participan destacados miembros del PSC y de ERC. El Gobierno tripartito se incautó 240.000 euros para pagarle el alquiler de las oficinas a la Fundación Francesc Ferrer i Guardia, en cuyo Comité de Honor figuran Pascual Maragall, José Luis Carod-Rovira, Joaquín Nadal o José Borrell, entre otros prebostes. El portavoz del PP, Daniel Sirera, ha anunciado a LIBERTAD DIGITAL que llevarán al Parlamento una iniciativa para que los fondos de herencias no testadas se apliquen a "entidades que tengan una auténtica función social y no a las que promueven la discriminación en razón de la lengua".
LD (Víctor Gago) El Gobierno de la Generalidad decide el reparto de las herencias intestadas –patrimonio personal de contribuyentes que fallecen sin hacer testamento ni dejar herederos– a golpe de decreto de la directora general de Patrimonio, previa propuesta de una Junta de Distribución de Herencias.
El PP se ha interesado por el destino de esos fondos, para acabar comprobando que se destinan a entidades afines al Tripartito o que difunden su ideología nacionalista.
Es el caso de Omnium Cultural, uno de los más agresivos lobbies a favor de la imposición del catalán, que ha recibido por decreto 60.000 euros de Doña Visitación Alforcea de Los Ríos, y otros 601.000 de Doña Carmen Pintó Valls, ambas difuntas y sin herederos.
Los fondos se destinarán a la construcción de la nueva sede de Omnium.
A la señora Pintó Valls se le han incautado otros 240.000 euros para pagar el alquiler de la Fundación Francesc Ferrer i Carreras, dedicada a la promoción de los valores del "republicanismo laico", de cuyo Comité de Honor forman parte, entre otros, Pascual Maragall, José Luis Carod-Rovira, Raimon Obiols, Joaquín Nadals, José Borrell o Jordi Solé Tura.
El portavoz parlamentario del PP, Daniel Sirera, ha explicado a LIBERTAD DIGITAL que "hemos llegado a descubrir estos datos, casi por casualidad, y por eso queremos que el Gobierno de la Generalitat explique en el Parlamento los criterios de distribución de estos fondos, porque la Ley establece que se destinarán a asistencia social o instituciones de cultura, pero no parece que la promoción del boicot al castellano, como hacen Omnium y la Asociación en Defensa del Etiquetaje en Catalán –beneficiaria de 54.000 euros procedentes de herencias intestadas–, sea una prioridad social o cultural de los catalanes".
Los populares pedirán al Gobierno que reforme la Ley para que los criterios de reparto sean más concretos y "no puedan beneficiarse entidades que realizan o promueven el boicot a empresas por el simple hecho de comunicarse en castellano o fomentan la exclusión y la marginación por razón de la lengua", ha anunciado el mismo portavoz del Grupo parlamentario Popular.
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