L D (Europa Press) Según las fuentes consultadas, la solicitud de que los menores sean imputables a partir de los 12 años responde al "sentir general" de los responsables de menores de Sevilla, que consideran "necesario" la aplicación de la Ley a partir de 12 años dada la repulsa social que conllevan determinados actos violentos perpetrados por menores. De la opinión de la Fiscalía de Sevilla ya tienen constancia oficial la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, y la Fiscalía General del Estado, en Madrid, añadieron las fuentes.
Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal según la actual ley y, de las últimas estadísticas correspondientes al año 2004 en Sevilla, se desprende que el 65 por ciento de los menores enjuiciados tenía entre 16 y 17 años. Se decretaron medidas de internamiento en el 61 por ciento de los casos y libertad vigilada en un 34 por ciento, según adelantó El Correo de Andalucía.
En Sevilla, en uno de los últimos casos relacionados con estos delincuentes juveniles, concretamente el asesinato de una anciana a manos de tres menores en la avenida Ramón y Cajal en diciembre de 1998, el principal autor de los hechos fue condenado a ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros cinco de libertad vigilada, sentencia del juzgado de Menores que fue confirmada por la Audiencia de Sevilla en octubre pasado.
La reforma llegará al Consejo de Ministros este mes
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha confirmado a los portavoces del ramo de los distintos grupos parlamentarios su intención de endurecer las penas en Ley de Responsabilidad Penal del Menor durante la reunión que han mantenido entre este martes y este miércoles en un hotel de la isla canaria de Fuerteventura.
Según explicaron fuentes del ministerio, la intención del Gobierno es llevar la nueva Ley del Menor al Consejo de Ministros previsiblemente este mismo mes, en cuanto se reciban los informes preceptivos que requiere.
Otra novedad es la posibilidad de que al juez decida si un menor condenado termina de cumplir su pena en un centro penitenciario una vez que supere la mayoría de edad. Esta posibilidad no se aplicaría de modo general, ya que ya que esta medida será "individualizada" y la adoptará el juez cuando los informes de los diferentes expertos y peritos consultados en cada caso lo aconsejen, según anunció ya el titular de Justicia.