La demolición del hotel y la expropiación de terrenos en El Algarrobico pueden ser nulas por un error del Gobierno
Una resolución del propio Ministerio de Medio Ambiente abre las puertas a que tanto la empresa Azata del Sol como los particulares propietarios de terrenos expopiados tras la catalogación de "utilidad pública" del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar puedan recurrir y alegar la nulidad de estos actos administrativos. Según La Razón, el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona hizo un trámite que no les correspondía, ya que la declaración de "utilidad pública" debe ser refrendada por el Consejo de Ministros y no por el propio Ministerio. Aunque Narbona dice que es "un error subsanable", la decisión de demoler el hotel construido en el Paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería) puede ser anulada.
(Libertad Digital) La Junta de Manuel Chaves y el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona quieren demoler el hotel que la empresa Azata del Sol ha construido en El Algarrobico, pero una resolución del propio Ministerio ha abierto la posibilidad de que la empresa pueda pedir la nulidad de esta orden.
Con la empresa están los particulares propietarios de terrenos afectados por la catalogación de "utilidad pública" del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que también estudian la posibilidad de recurrir y alegar la nulidad de estos actos administrativos.
Según informa este miércoles el diario La Razón, Medio Ambiente ha enviado a las partes una nota en la que se explica que la expropiación del Hotel y las fincas "situadas en ese paraje" debe ser refrendada por el Consejo de Ministros y no por el Ministerio. La misiva reconoce, por tanto, que la decisión puede ser anulada.
Aun así, el Ministerio dice que seguirá adelante con los pasos administrativos y otorga un plazo de diez días para que las partes afectadas puedan recurrir, algo que parece que va a suceder. La ministra Narbona aseguró este miércoles que la expropiación "no se va a anular" pues "se trata de un defecto formal absolutamente subsanable".
Para el abogado Pablo Linde –que representa a los propietarios de un antiguo emplazamiento de la Guardia Civil– el escrito del departamento de Narbona proporciona el argumento cuando dice: "la Abogacía del Estado informó al Ministerio de que debió ser el Consejo de Ministros el que declarase la utilidad pública de la actuación administrativa y no el director General de Costas, quien lo hizo por delegación de Cristina Narbona el 2 de enero de 2006".
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