La consejera de Justicia elogia a los Mossos condenados por torturas

L D (EFE) En la rueda de prensa previa a la inauguración de la nueva prisión de Jóvenes de Quatre Camins, Tura, que era consejera de Interior cuando sucedieron los hechos que motivaron la sentencia, ha asumido personalmente la responsabilidad de no haber apartado del servicio a los agentes cuando se presentó la denuncia.

Tras insistir en que "respeta" a la autoridad judicial, la consejera ha afirmado que conoce bien "los hechos y las personas" y, por ese motivo, cree que la sentencia de la Audiencia de Barcelona debe revisarse, puesto que, en su opinión, "doce ojos ven más que seis". En este sentido, la consejera ha celebrado la decisión de Interior de mantener el apoyo jurídico a los mossos condenados para que presenten recurso ante el Tribunal Supremo.

Montserrat Tura ha destacado que los agentes condenados realizaron "una labor extraordinaria" al investigar el atraco por el que fue detenido por error el rumano víctima de torturas, tras recordar que los hechos sucedieron en una época en que abundaban los robos con violencia en el interior de domicilios.

La Audiencia de Barcelona condenó el pasado día 25 a penas de hasta seis años y siete meses de prisión a cinco mossos d'esquadra de la comisaría de Les Corts por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio de 2006 y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

En su sentencia, la sección novena de la Audiencia condena a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes procesados, a dos años y tres meses a otro y a multas que suman 3.900 euros al último de ellos, por los delitos de torturas y lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio, contra la integridad moral y maltrato.

Según cree probado el tribunal, los agentes golpearon y torturaron al detenido, de origen rumano y al que confundieron con un atracador, y también maltrataron y arrestaron ilegalmente a su novia, embarazada de tres meses, hasta lograr que les permitiera entrar en su domicilio para registrarlo ilegalmente.

El fallo censura la conducta de los Mossos, que califica de "cruel en exceso, brutal o salvaje" e impropia de una policía formada en un estado de Derecho, y les reprocha que siguieran golpeando al detenido, incluso después de que éste les advirtiera de que es hemofílico.

El caso ocurrió en julio de 2007, cuando la policía autonómica investigaba un caso de atraco cuya víctima identificó "con bastantes dudas" al torturado, Lucian P., en un reconocimiento fotográfico, por lo que el jefe del Grupo de Atracos, imputado en la causa pero absuelto, ordenó su detención.

Vestidos de paisano, cuatro de los agentes esperaron a Lucian P. en la puerta de su casa y, sin identificarse en ningún momento, se abalanzaron encima de él, le hicieron la zancadilla, lo arrojaron al suelo y le golpearon por todo el cuerpo, al tiempo que le pisaban la cabeza y le agarraban por el cuello para impedir que gritara.

Varios ciudadanos se acercaron a los mossos para recriminarles su brutal actuación, por lo que uno de ellos enseñó la pistola que llevaba, sacó la placa y pidió que les dejaran en paz porque estaban haciendo "su trabajo".

Los agentes introdujeron al detenido en un vehículo policial y, durante el traslado a la comisaría, uno de los procesados le metió en la boca la pistola que llevaba, amenazándole con tirarlo "por un barranco" si no reconocía los hechos que se le imputaban.

El policía advirtió también a Lucien P. que si la juez lo soltaba podrían matarlo y que no sería "el primero", según la sentencia, que mantiene que durante el traslado fue golpeado por los cuatro mossos, incluidos el conductor y el que viajaba de copiloto, que aprovechaban los atascos de tráfico para girarse a pegarle.

Los agentes siguieron golpeando al procesado en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, desoyendo su llanto y sus advertencias de que podía morir por ser hemofílico, hasta que otro mosso -no identificado- les dijo que pararan, que había cámaras de grabación.

El detenido, que sólo supo los motivos de su detención ya en el calabozo, explicó en el juicio que pensó que los condenados eran delincuentes y se tranquilizó cuando llegaron a la comisaría, porque comprendió que los que le habían agredido eran policías.

Al día siguiente, Lucien P. fue puesto en libertad y acompañado a casa por uno de los agentes, que se disculpó, pero la víctima debido a su detención perdió el trabajo y tuvo que recibir tratamiento por el riesgo de que, al ser hemofílico, se le complicaran las lesiones.

Otro agente, con la ayuda de uno de los anteriores, detuvieron a la novia de Lucien P., que estaba embarazada de tres meses, la sujetaron por ambos brazos y la agarraron fuertemente por el pelo para introducirla en el coche policial y llevarla a comisaría, donde la engañaron diciéndole que su pareja era proxeneta para forzarla a responder lo que ellos querían.

Según la sentencia, los agentes lograron que la mujer les dejara entrar en el domicilio que compartía con el acusado, que estuvieron registrando sin la pertinente orden judicial.

El tribunal resalta que el acusado fue "golpeado y amenazado de forma totalmente gratuita e innecesaria y, desde luego, utilizando más que la fuerza imprescindible para su reducción", sin otra finalidad que la "vejación y la denigración".

En este caso, el Departamento de Interior confió en la inocencia de los mossos imputados, no les abrió expediente disciplinario y puso a su disposición un abogado.