Los obispos dicen que "los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa".
En relación con los centros estatales, los prelados afirman que "al tener que impartir esta asignatura perderán su obligada neutralidad ideológica e impondrán a los alumnos una formación moral no libremente elegida por sus padres o incluso expresamente contradictoria con su voluntad cuando éstos hayan elegido para sus hijos la enseñanza de la Religión y Moral católica".
Aunque no mencionan expresamente el derecho a la "objeción de conciencia", los prelados sostienen que "los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos".
La CEE considera que la asignatura de Religión sufre discriminación con esta normativa, que su regulación "carece de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente –cerca del ochenta por ciento de los padres– y critican que la LOE no establece los mecanismos jurídicos adecuados para que la Iglesia pueda garantizar la idoneidad del profesorado de Religión.
Y dicen textualmente que "es posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente". Porque, afirman, "no son los poderes públicos, ni las organizaciones sindicales, ni ninguna otra instancia quienes están en condiciones de garantizar la idoneidad del profesorado para impartir la religión y la moral católica".
Educación para la ciudadanía
Sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sostienen que "si el texto de la Ley dejaba algún margen para la duda, los Decretos que la desarrollan establecen expresamente que dichas enseñanzas pretender formar, con carácter obligatorio, la conciencia moral cívica de todos los alumnos en todos los centros".
Las enseñanzas antropológicas orientadas a la formación de la conciencia moral, tanto en lo "personal" como en lo "social", manifiestan los obispos, "no son competencia del Estado. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra".
Los obispos añaden que "con lo dicho bastaría para que nos viéramos en la necesidad de denunciar una asignatura, cuyo objetivo confesado es una formación de las conciencias impuesta por el sistema educativo a todos los alumnos", y denuncian también que "los criterios que guiarán estas enseñanzas son los propios del relativismo y de la llamada ideología de género".
La Comisión Permanente concluye que la LOE es la quinta Ley Orgánica de educación, en sólo veinte años, y es la que ha obtenido un menor respaldo parlamentario de todas. "Son sin duda posibles diferentes soluciones técnicas a los graves problemas planteados en un campo tan sensible como es el de la educación. Pero es necesario llegar a un gran consenso o pacto de Estado en las cuestiones básicas que afectan a los derechos fundamentales de las personas. No se ha conseguido".
Mientras llega ese momento, "anhelado por tantos, en especial por la comunidad educativa, será necesario hacer respetar los derechos de todos y, al mismo tiempo, colaborar del mejor modo posible, según las responsabilidades de cada uno, en la vital tarea de la educación", dice la Conferencia Episcopal.