L D (Agencias) Este jueves se reunió por primera vez la comisión mixta Iglesia-Estado en el Ministerio de Educación. Durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Toledo explicó que la asignatura "debe impartirse con las mismas condiciones académicas y didácticas que el resto de las áreas". Todo esto supone -agregó- que las autoridades académicas habrán de adoptar "las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar".
Antonio Cañizares, que compareció ante los medios informativos a las 14.20 para dar lectura a un comunicado firmado por la oficina de información, señaló que la reunión se había desarrollado "con cordialidad y respeto", y que el diálogo se reanudaría a finales del mes de julio "a fin de concretar el desarrollo de la ley en cuanto a la enseñanza religiosa y el estatuto jurídico de los profesores".
El comunicado recuerda que la postura de la Conferencia Episcopal está fundamentada en el artículo 27.3 de la Constitución y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de tres de Enero de 1979. El artículo 27.3 de la Constitución, dice el comunicado, obliga al Estado a garantizar el derecho de los padres a la formación religiosa y moral según las propias convicciones, y "por ser la formación religiosa y moral un derecho fundamental, señalan los obispos, creemos que es básico para la formación de los alumnos y fundamental para la obtención de la formación integral".
Antonio Cañizares, que compareció ante los medios informativos a las 14.20 para dar lectura a un comunicado firmado por la oficina de información, señaló que la reunión se había desarrollado "con cordialidad y respeto", y que el diálogo se reanudaría a finales del mes de julio "a fin de concretar el desarrollo de la ley en cuanto a la enseñanza religiosa y el estatuto jurídico de los profesores".
El comunicado recuerda que la postura de la Conferencia Episcopal está fundamentada en el artículo 27.3 de la Constitución y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de tres de Enero de 1979. El artículo 27.3 de la Constitución, dice el comunicado, obliga al Estado a garantizar el derecho de los padres a la formación religiosa y moral según las propias convicciones, y "por ser la formación religiosa y moral un derecho fundamental, señalan los obispos, creemos que es básico para la formación de los alumnos y fundamental para la obtención de la formación integral".
"En consecuencia, no puede ser infravalorada, sino que debe figurar como área junto al resto de las enseñanzas". Los obispos consideran que "para responder a las convicciones plurales de los padres, el Estado debe garantizar que se oferten las posibles opciones que respondan a las distintas convicciones, libremente asumidas". Y precisan en el texto hecho público este jueves que "el derecho a la formación es de todos, no sólo de los que optan por la religión católica. No pretendemos que todos estudien religión sino que todos sean formados según sus convicciones".
Educación para la Ciudadanía
Los obispos temen que la futura asignatura sobre ciudadanía se convierta "en una educación ética y moral de todos los ciudadanos por parte del Estado", lo que "podría entrar en contradicción con la libertad de conciencia". En cualquier caso, aseguró que ni al Gobierno ni a la CEE les gusta hablar en términos de "asignatura alternativa", sino "en la necesidad de responder a unas exigencias educativas y de responder a unos derechos fundamentales". Además, indicó que el anteproyecto de Ley "no dice nada" sobre el alcance de la evaluación de la formación religiosa, sino que debe ser de oferta obligatoria y opcional para los alumnos.
Los obispos temen que la futura asignatura sobre ciudadanía se convierta "en una educación ética y moral de todos los ciudadanos por parte del Estado", lo que "podría entrar en contradicción con la libertad de conciencia". En cualquier caso, aseguró que ni al Gobierno ni a la CEE les gusta hablar en términos de "asignatura alternativa", sino "en la necesidad de responder a unas exigencias educativas y de responder a unos derechos fundamentales". Además, indicó que el anteproyecto de Ley "no dice nada" sobre el alcance de la evaluación de la formación religiosa, sino que debe ser de oferta obligatoria y opcional para los alumnos.
Sobre este asunto, Cañizares explicó que la delegación de la CE y el Ministerio de Educación han debatido sobre dos sentencias del Tribunal Supremo, una del año 95 que establece que no se puede imponer una materia con carga ideológica o religiosa, y otra de 2005 que avala la constitucionalidad de la LOCE (ley educativa del anterior Gobierno del PP).
Por otra parte, los obispos reconocen que hay aspectos laborales sobre los profesores de religión "que necesitan, efectivamente, ser explicitados y desarrollados". Sobre este punto, Cañizares denunció que "algunos centros" discriminan a este profesorado y lo lamenta "porque supone un ataque a personas a derechos fundamentales de los ciudadanos a recibir una enseñanza religiosa y moral".
A la reunión con la ministra asistieron por parte de la Conferencia Episcopal y junto con Antonio Cañizares, el presidente de la Comisión de Enseñanza, el obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto; el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino y el director del secretariado de la Comisión de Enseñanza, Modesto Romero Cid.
A la reunión con la ministra asistieron por parte de la Conferencia Episcopal y junto con Antonio Cañizares, el presidente de la Comisión de Enseñanza, el obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto; el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino y el director del secretariado de la Comisión de Enseñanza, Modesto Romero Cid.