La condena por las facturas falsas deja en evidencia a Chaves por sostener a Monteseirín

LD (Pedro de Tena) Seis años después de ocurridos los hechos, cuatro tras las denuncias del Partido Andalucista y el Partido Popular, y tras unas elecciones municipales de por medio con el asunto sin aclarar, lo que benefició claramente al PSOE, el veredicto del jurado popular ha encontrado culpables de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental al socialista  José Marín,  ex asesor del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y al contratista José Pardo, ex socio de Juan Guerra en el famoso caso de los años 90.

El Jurado popular ha decidido la culpabilidad de Marín y Pardo por unanimidad. Chaves debe asumir ahora la responsabilidad de haber sostenido a Monteseirín frente de la alcaldía de Sevilla. (OIGA LA RUMBA DE LAS FACTURAS FALSAS QUE CIRCULÓ HACE DOS AÑOS POR SEVILLA Y ANDALUCÍA PULSANDO AQUÍ).

Para resumir, digamos que el Tribunal ha considerado evidente a la luz de las pruebas, que se benefició del dinero público pagado por el Ayuntamiento sevillano por obras no ejecutadas y utilizando el nombre de una empresa que ya no estaba activa —COS— con la colaboración de Marín, que ordenó los pagos al contratista falseando talones y eludiendo los controles de la Administración pese a que conocía que los trabajos no se habían llegado a ejecutar total o parcialmente.

O sea, el socialista Marín, ex asesor del alcalde, resulta culpable por permitir conscientemente que el empresario se "beneficiara de cobrar indebidamente" obras que no llegaron a realizarse y de "alterar varios cheques" añadiendo "de su puño y letra el nombre de Pardo" para "eludir los controles propios de los funcionarios públicos. Además, los nueve miembros del tribunal popular coincidieron en considerar culpable a Pardo de beneficiarse del cobro de dichas obras —cuyo período de supuesta ejecución fue la primera mitad de 2003— y por presentar documentos en nombre de Contratas y Obras de Sevilla (COS) para el citado abono a sabiendas de que la actividad de la empresa había terminado" a finales de 2002.

Aunque los abogados de la defensa han pretendido rebajar la condena, porque el  delito de malversación conlleva pena de más de tres años de cárcel según sean las cantidades de dinero implicada,  el jurado ha apreciado la cantidad en más de 4.000 euros, que conlleva el ingreso en prisión. De ahí que el día antes surgieran los "defectos de forma" en los respuestas del jurado que provocaron la devolución del veredicto por parte del juez al tribunal.