L D (EFE) La queja fue presentada el pasado 11 de febrero, por considerar que el Ejecutivo español había incumplido directivas europeas sobre el tratamiento de residuos potencialmente contaminantes.
En un comunicado, Greenpeace señala que la directiva a que se refiere estipula que el fuel-oil que transportaba el Prestige "debería haber sido considerado residuo desde el momento en que empezó a producir un vertido al mar", por lo que España "debería haber asegurado que este fuel se gestionaba sin poner en riesgo la salud humana y sin perjudicar el medio ambiente".
La organización ecologista resalta que el escrito de admisión a trámite de su queja por parte de la Comisión Europea desmiente las informaciones "filtradas interesadamente" de que la denuncia había sido archivada. Explica también que, una vez admitida la denuncia, la Comisión Europea debe realizar una investigación para decidir si se abre un procedimiento de infracción contra el Estado español por este hecho.
El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, afirmó que sí se produjo el incumplimiento por parte de España y denunció "que hay fuertes presiones desde el departamento que dirige Loyola de Palacio para evitar que nuestra queja siga su marcha".
En un comunicado, Greenpeace señala que la directiva a que se refiere estipula que el fuel-oil que transportaba el Prestige "debería haber sido considerado residuo desde el momento en que empezó a producir un vertido al mar", por lo que España "debería haber asegurado que este fuel se gestionaba sin poner en riesgo la salud humana y sin perjudicar el medio ambiente".
La organización ecologista resalta que el escrito de admisión a trámite de su queja por parte de la Comisión Europea desmiente las informaciones "filtradas interesadamente" de que la denuncia había sido archivada. Explica también que, una vez admitida la denuncia, la Comisión Europea debe realizar una investigación para decidir si se abre un procedimiento de infracción contra el Estado español por este hecho.
El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, afirmó que sí se produjo el incumplimiento por parte de España y denunció "que hay fuertes presiones desde el departamento que dirige Loyola de Palacio para evitar que nuestra queja siga su marcha".