L D (EFE) Sabín rebatió las críticas de la Coordinadora de Cofradías de Galicia y el País Vasco, y de los grupos de la oposición, que consideran que este decreto es una medida restrictiva que impedirá a los afectados reclamar el importe total de sus daños y que, con él, el Gobierno pretende blindarse ante una posible responsabilidad subsidiaria del accidente.
El abogado de los pósitos gallegos señaló que gracias a esta iniciativa, que se encuentra en fase de desarrollo tras ser convalidada el pasado 8 de julio en el Congreso, los damnificados podrán cobrar la totalidad de las indemnizaciones que les correspondan en un "plazo breve". "Desde el principio pedimos a la Administración algo parecido, porque, dada la magnitud del siniestro y la afectación tanto en el número de kilómetros de costa como en la cantidad de perjudicados, veíamos que el fondo del Fidac no iba a llegar para nada", indicó.
Con este decreto, a su juicio, lo que hace la Administración es decir que no se va a pagar un porcentaje "sino el cien por cien de los daños que tenga un afectado", si bien es cierto, matizó, que éstos tendrán que precisar la cuantía de los perjuicios sufridos hasta el momento con "la mayor exactitud posible", renunciando a reclamar sobre afectaciones del pasado una vez cobradas las ayudas. Esta "renuncia" no impide nuevas reclamaciones, insistió Sabín, para agregar que hay un principio de Derecho por el que se asegura que "nadie puede renunciar al daño futuro, ya que no lo conoces, y esto iría en contra de la buena fe y del interés general y público, según recoge el Código Civil".
El abogado de la Comisión de Cofradías subrayó que recomienda a los afectados, especialmente a las cofradías gallegas, que se acojan a estas indemnizaciones, porque "si hay otra marea negra se exigirán nuevas ayudas, y de esto es consciente la Administración". En cuanto a la cuantía máxima -160 millones de euros- que fija el decreto, apuntó que éste es "el único pero" que se le puede poner a este asunto, porque todavía se desconoce si el montante a percibir va a satisfacer a los perjudicados o no, ya que aún no se han evaluado los daños.
En principio, el plazo para acogerse a estas indemnizaciones es hasta el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual, el abogado de las cofradías confía en que se pueda percibir el cobro con la mayor celeridad posible. Ante las críticas de los partidos de la oposición y de algunos ámbitos del sector pesquero, recordó que este decreto es "absolutamente voluntario" por lo que, sentenció, "que el que considere que le perjudica no lo firme y punto, y tendrá todas las vías abiertas para seguir reclamando".
Sabín dijo que esta medida no responde en "absoluto" a una intención del Gobierno de "blindarse" ante acciones futuras, en el caso de que el procedimiento judicial abierto en Corcubión declare al Estado responsable subsidiario de los daños. En su opinión, de este procedimiento sólo podrían derivarse responsabilidades penales y, apostilló, "no tengo ninguna duda de que 'Nunca Máis' y compañía van a seguir por esa línea, porque ellos nada tienen que sacar ahí desde el punto de vista económico; lo que les interesa es el aspecto publicitario".
El abogado de los pósitos gallegos señaló que gracias a esta iniciativa, que se encuentra en fase de desarrollo tras ser convalidada el pasado 8 de julio en el Congreso, los damnificados podrán cobrar la totalidad de las indemnizaciones que les correspondan en un "plazo breve". "Desde el principio pedimos a la Administración algo parecido, porque, dada la magnitud del siniestro y la afectación tanto en el número de kilómetros de costa como en la cantidad de perjudicados, veíamos que el fondo del Fidac no iba a llegar para nada", indicó.
Con este decreto, a su juicio, lo que hace la Administración es decir que no se va a pagar un porcentaje "sino el cien por cien de los daños que tenga un afectado", si bien es cierto, matizó, que éstos tendrán que precisar la cuantía de los perjuicios sufridos hasta el momento con "la mayor exactitud posible", renunciando a reclamar sobre afectaciones del pasado una vez cobradas las ayudas. Esta "renuncia" no impide nuevas reclamaciones, insistió Sabín, para agregar que hay un principio de Derecho por el que se asegura que "nadie puede renunciar al daño futuro, ya que no lo conoces, y esto iría en contra de la buena fe y del interés general y público, según recoge el Código Civil".
El abogado de la Comisión de Cofradías subrayó que recomienda a los afectados, especialmente a las cofradías gallegas, que se acojan a estas indemnizaciones, porque "si hay otra marea negra se exigirán nuevas ayudas, y de esto es consciente la Administración". En cuanto a la cuantía máxima -160 millones de euros- que fija el decreto, apuntó que éste es "el único pero" que se le puede poner a este asunto, porque todavía se desconoce si el montante a percibir va a satisfacer a los perjudicados o no, ya que aún no se han evaluado los daños.
En principio, el plazo para acogerse a estas indemnizaciones es hasta el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual, el abogado de las cofradías confía en que se pueda percibir el cobro con la mayor celeridad posible. Ante las críticas de los partidos de la oposición y de algunos ámbitos del sector pesquero, recordó que este decreto es "absolutamente voluntario" por lo que, sentenció, "que el que considere que le perjudica no lo firme y punto, y tendrá todas las vías abiertas para seguir reclamando".
Sabín dijo que esta medida no responde en "absoluto" a una intención del Gobierno de "blindarse" ante acciones futuras, en el caso de que el procedimiento judicial abierto en Corcubión declare al Estado responsable subsidiario de los daños. En su opinión, de este procedimiento sólo podrían derivarse responsabilidades penales y, apostilló, "no tengo ninguna duda de que 'Nunca Máis' y compañía van a seguir por esa línea, porque ellos nada tienen que sacar ahí desde el punto de vista económico; lo que les interesa es el aspecto publicitario".