La CEP se pregunta quién autorizó a los medios a grabar dentro del juzgado

Según los responsables de la Confederación Española de Policía (CEP), la humillación y el escarnio a los detenidos por el caso Palma Arena no se debe a que se les esposase, sino a que se permitió que los medios de comunicación grabasen esa escena y tomasen las ya famosas fotografías.

Se da la circunstancia de que esas imágenes se obtuvieron en una zona de acceso restringido (un patio interior) de los juzgados de Palma, por lo que la CEP pide que la investigación no se centre en los policías y el comisario que cumplieron con su obligación y prestaron un trato correcto a los presos, sino en la persona o las personas que permitieron a los medios estar allí.

Según el sindicato policial nadie de la Policía dio esta autorización, como tampoco fue un miembro del cuerpo de seguridad quién alertó de la llegada de los detenidos.

Un procedimiento habitual y adecuado

Esposar a los detenidos en el traslado al juzgado es un procedimiento habitual en Palma y en este caso concreto fue "correcto, ponderado y aconsejable" según el CEP, uno de cuyos responsables señalaba además a Libertad Digital que en este caso era además imprescindible hacerlo y hacerlo por parejas, ya que para el traslado de once detenidos, los cinco de la "operación Espada" y otros seis, sólo había destinados tres policías.

La CEP reconoce en su comunicado que la situación "lesionó gravemente los derechos a la imagen, la intimidad y la presunción de inocencia" de los detenidos, pero señala que "esta situación está íntimamente ligada a la exposición mediática a la que fueron sometidos", una exposición que nunca debería haberse dado.

El comisario, un "cabeza de turco"

En su comunicado la CEP muestra públicamente su respaldo y apoyo al comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la capital balear, al que califica de "gran profesional, con años de acreditada experiencia", por lo que señalan como inadmisible que  el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía y el Delegado del Gobierno en Baleares o el Ministro del Interior "ventilen sus responsabilidades con la elección de un cabeza de turco absolutamente inocente" al que ahora se va a someter a "una caza de brujas".

Del mismo modo, el sindicato policial insta al Ministerio del Interior "a que asuma su responsabilidad y tome las riendas de una investigación" que en este momento está siendo desarrollada por dos personas, el Delegado del Gobierno y el jefe superior, "que por acción u omisión tienen intereses muy directos en ella".