La CE aclara que pedir más información sobre el trasvase no significa denegar su financiación
La Comisión Europea ha insistido en que la decisión sobre la posible cofinanciación del trasvase del Ebro no se conocerá hasta el verano y que el hecho de haber solicitado más información a las autoridades "no quiere decir que la respuesta vaya a ser negativa". La Dirección general de Medio Ambiente ha emitido un "dictamen en suspenso" ya que necesita información suplementaria.
Según explicó Henin, la dirección general de Política Regional ha recibido respuestas "provisionales" de dos de los cuatro departamentos, el de Medioambiente y el de Economía y Finanzas, mientras que las otras dos aún no son conocidas. El portavoz europeo sólo habló del dictamen provisional de Medioambiente, que "no prejuzga el resultado final de la posible cofinanciación".
Una vez que el comisario de Política Regional, Michel Barnier, recopile toda la información del resto de las direcciones generales, emitirá un juicio sobre la financiación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) español. Para financiar el trasvase del Ebro han sido presentados cuatro proyectos de financiación, tres de ellos que serían cubiertos con fondos FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional), y afectarían a territorio de Valencia, Murcia y Andalucía, y cuya decisión final corresponde al comisario Barnier.
El cuarto proyecto sería subvencionado con Fondos de Cohesión y su decisión corresponde al colegio de comisarios. El trasvase del Ebro es el proyecto de mayor envergadura de los 898 incluidos en el Plan Hidrológico Nacional, por lo que está siendo estudiado por la Comisión de forma global, debido a su incidencia medioambiental.
4.212 millones de euros para proyectos medioambientales en España
El trasvase del Ebro contempla una trasferencia de un máximo de 1.050 hectómetros cúbicos de agua con destino a las cuencas internas de Cataluña, a la cuenca hidrográfica del Júcar, a la cuenca hidrográfica del Segura, y a la del Sur, en la provincia de Almería. La Comisión Europea está analizando escrupulosamente si el proyecto cumple la normativa comunitaria y sus posibles impactos en directivas como la de aves, o afectar a especies en extinción como el lince ibérico.
Por ello analizará con detalle siete premisas: los ingresos que generaría, el análisis coste-beneficio, la evaluación del impacto ambiental, su coherencia, su conformidad con las políticas europeas, las ventajas económicas y sociales que entraña, y la coordinación de los instrumentos financieros y los préstamos. El Ejecutivo comunitario dispone de 4.212 millones de euros para financiar proyectos medioambientales en España procedentes de los fondos estructurales (2000-2006), y 5.580 millones de los fondos de cohesión.
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