Por ello, piden a Cándido Conde Pumpido que active los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico para depurar responsabilidades, si se demuestra que las Administraciones Públicas no actuaron ante el fallecimiento de estos inmigrantes. La AUGC considera que, dada "la gravedad" de la información aparecida en los medios, que recogían que una nota interna de la Guardia Civil ya alertó en diciembre de 2005 de la muerte en aguas del océano Atlántico de entre 1.200 y 1.700 inmigrantes, "la Fiscalía General del Estado debe investigar tales hechos y sus circunstancias".
Además, recuerdan que "según se desprende" de la información recogida por diversos medios de comunicación, "no se dispusieron los mecanismos técnicos y humanos para evitarlo o para preservar la vida de aquellas personas hasta algunos meses después de que obraran en poder de las autoridades diversos informes que así lo constataban y cuando se verificaba la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias y el hallazgo de gran número de cadáveres en alta mar". De hecho, en su escrito, la AUGC dice que estas noticias no han sido desmentidas "en modo alguno" por los responsables políticos, que eran "conocedores de la situación de emergencia humanitaria desde fechas muy anteriores".