La Asociación Profesional de la Magistratura, en contra de la reforma del Código Penal

L D (EFE) Por su parte, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), cree que la reforma es "absolutamente necesaria" y ha declarado que la actual regulación del artículo 89 se incluyó en una reforma legislativa que se hizo "deprisa y corriendo" y que mezclaba "churras con merinas", ya que regulaba al mismo tiempo "el tratamiento a los extranjeros, el tratamiento penal de determinados delitos y medidas contra la violencia de género".

Rodríguez precisó que "nunca debió introducirse una norma tan excepcional en nuestro ordenamiento penal" y apuntó que el Tribunal Supremo ha anulado la expulsión automática a un ciudadano búlgaro condenado por tráfico drogas, al estimar que los jueces deben individualizar y motivar la medida de expulsión aplicada. Con esta decisión, según el portavoz de la JpD, el alto tribunal indica que "no se puede discriminar a los extranjeros" por no residir de manera legal en España.

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, también consideró acertada la propuesta del Ejecutivo, ya que la medida de expulsión directa "no está dando los resultados que esperábamos" en la reducción de la delincuencia. En su opinión, la "realidad" es que los inmigrantes subsaharianos y magrebíes que son expulsados por delinquir en España "tienen posibilidades de volver a entrar en el país y seguir realizando las mismas actividades".

Por su parte, Fernando Sobrón, portavoz de la Asociación de Fiscales, ha declarado a EFE que desde la Fiscalía ya se había requerido una modificación del precepto que ahora se quiere derogar, ya que fomentaba "situaciones relativamente injustas entre extranjeros y españoles" y dejaba "impunes" delitos graves e, incluso, la reincidencia de delincuentes extranjeros.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha confirmado este lunes que el Gobierno estudia la derogación del artículo 89 del Código Penal, que regula la expulsión directa de extranjeros condenados en España a penas inferiores a seis años, lo que no evitará que la expulsión se produzca una vez cumplida la pena.