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Justicia estudia que las víctimas de violencia doméstica sean asistidas por un abogado

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de generalizar y homogeneizar la asistencia legal gratuita a víctimas de violencia de género, que mayoritariamente prescinden de la ayuda del abogado. En el 90 por ciento de los procedimientos por malos tratos no interviene ningún abogado, pese a que existen servicios jurídicos específicos y gratuitos para este fin.

L D (EFE) Tras mantener una reunión de casi dos horas con la presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica, Montserrat Comas, el titular de Justicia anunció que se explorará "la posibilidad de potenciar" las prestaciones que actualmente ofrecen los colegios de abogados, incluida la firma de un convenio marco con el Consejo General de la Abogacía.

En 32 colegios de abogados hay servicios de orientación y/o jurídicos de 24 horas -ubicados en las ciudades de mayor población- y en el resto de los colegios existen con horarios más reducidos. El Observatorio ha detectado en el territorio nacional una situación "no homogénea de asistencia letrada, se está dando de una forma muy irregular", por ello se estudiarán los convenios con los colegios de abogados y se hará una "radiografía" con las posibles deficiencias, añadió la juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Tras recordar la aprobación de diez medidas de carácter urgente en el último Consejo de Ministros para garantizar la protección de las mujeres maltratadas, López Aguilar y Comas informaron también de la inclusión de la cartera de Justicia en la elaboración de un protocolo de actuación para mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El ministro y la presidenta del Observatorio repasaron asimismo la cuestión de los puntos de coordinación previstos en el reglamento de desarrollo de la ley reguladora de la Orden de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, un asunto que corresponde elaborar a la cartera de Justicia.

Según Comas, quien recordó que en lo que va de año han muerto 21 mujeres y seis menores por este tipo de delincuencia, es positivo que los puntos de coordinación estén designados por las comunidades autónomas, pero es necesario "establecer reglamentariamente cuáles son sus competencias".

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