Julián Muñoz pide al juez la devolución de la fianza tras alegar problemas económicos
El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha pedido al juez del "caso Malaya" la devolución de la fianza de 50.000 euros que depositó para su puesta en libertad tras alegar que carece de medios económicos y porque no existe el riesgo de fuga.
LD (EFE) La defensa del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha solicitado al juez instructor del "caso Malaya" la devolución de la fianza de 50.000 euros que depositó para su puesta en libertad, al alegar, entre otras razones, que carece de medios económicos. En el escrito, se suplica al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella la devolución de la cuantía depositada por el ex regidor para obtener la libertad provisional por el "caso Malaya", aunque su salida de prisión no se hizo efectiva entonces debido a que Muñoz estaba cumpliendo sentencia por un delito urbanístico.
La defensa del ex alcalde destaca que, "tras haber pasado 27 meses en prisión, carece de medios económicos", y mantiene que el momento procesal en el que se encuentran las actuaciones imposibilita la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga por parte de su cliente. En su escrito, la representación legal de Muñoz destaca también la situación personal actual del procesado, al que se le ha concedido el tercer grado penitenciario y debe pernoctar de domingo a jueves en la antigua prisión de Málaga, así como que el ex alcalde tiene domicilio fijo en Marbella.
Por su parte, el juez instructor del "caso Malaya", Óscar Pérez, ha firmado una providencia en la que se da traslado de la solicitud presentada por Muñoz a la Fiscalía y a las demás partes personadas en la causa a fin de que informen sobre la misma. Julián Muñoz ingresó en la cárcel en julio de 2006 por el "caso Malaya", después de que el entonces instructor del proceso, el juez Miguel Ángel Torres, ordenara la prisión preventiva sin fianza del ex alcalde.
Un año después, en julio de 2007, se le impuso una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión y en septiembre de ese mismo año, una vez abonada la cuantía, el juez dictó un auto decretando la libertad provisional. Dicha medida no se hizo efectiva entonces dado que Muñoz había empezado a cumplir una primera sentencia firme por un delito contra la ordenación del territorio, a la que posteriormente se sumaron otras dos penas también por causas urbanísticas.
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