Y es que, según Rosales, “en un país tradicionalmente muy dividido ideológicamente, por los motivos que de sobra nos son conocidos, eso equivale a perder la mitad del público potencial y la mitad de la opinión favorable dentro de los medios de comunicación”.
Algo que, por si no ha quedado suficientemente claro el director ilustra con una expresiva metáfora: “ ¿Qué pasaría si Zara o El Corte Inglés o Seat se significaran políticamente apoyando un partido? Lo mismo: perderían al 50% de su clientela potencial”.
Para Rosales esta situación es moralmente problemática, además de negativa desde el punto de vista del alejamiento del público: “El que un colectivo profesional, en este caso los profesionales del cine, apoyemos determinadas facciones políticas y que esperemos luego recibir una contraprestación por ese apoyo, es algo tremendamente perjudicial para el sector y para la salud democrática del país . Esto es verdad sea cual sea su opción política”. Una regla que sólo admite una excepción que, obviamente, no se da en España: “el caso de una sociedad bajo una dictadura no democrática”.
En lo que ya resulta una opinión algo más rebatible, el director de cine cree que lo mejor es que en una sociedad normal la expresión de las opiniones políticas debe ejercerse sobre todo con el voto, y éste “debería ejercerse siempre dentro de la esfera privada y no de la pública” reservando ésta para los políticos y los medios porque de lo contrario se producirá algo que considera especialmente pernicioso, que “todas las ramas de la actividad humana acabarán quedando contaminadas por la política partidista ”. Algo que ya está ocurriendo en España “en todos los ámbitos y muy particularmente en el cine”.
A favor de la Ley del cine y en contra de sus compañeros
Además, Rosales dedica buena parte de su artículo a romper una lanza por la orden ministerial que regulará las ayudas a las películas españolas (subvenciones que, por supuesto, también defiende), acusando a sus colegas de mentir en el manifiesto que se ha hecho público en contra de esta orden: “La proclama no es fiel a la verdad, (…) no es cierto lo que dicen: la nueva orden no perjudica a las pequeñas producciones en beneficio de las grandes”.
El director de “La soledad” señala que la propuesta de esta orden es positiva, pues pretende ayudar a las películas grandes y las pequeñas, y sólo encuentra un punto negativo: “Que las directoras tengan una bonificación sobre los hombres, simplemente por su condición sexual, no es justo. Como tampoco lo sería que lo tuvieran los hombres de etnia negra, o las mujeres de religión musulmana, o los gallegos que hablan gallego. Y todas estas protecciones especiales no son otra cosa que el resultado de la presión ejercida por un lobby concreto”.
Hacer películas “no es un derecho”
Una de las partes más interesantes del artículo es el párrafo que Jaime Rosales dedica al “derecho” a hacer películas, en la que dice una de esas obviedades que es sorprendente que sea necesario decirlas de vez en cuando:
“Hacer una película no es un derecho. Es un derecho en abstracto, claro, como también lo es ir a la Luna, ser catedrático o montar un bar. Todo el mundo tiene el derecho a ir a la Luna, a ser catedrático o a montar un bar. Que ese derecho se convierta en una realidad no tiene que ser responsabilidad del Estado; tiene que ser el resultado del conjunto de acciones y méritos de un individuo para lograr materializar ese deseo-derecho abstracto en una realidad. Los poderes públicos, si se quieren justos, deben facilitar que lo logren aquellos individuos que más méritos hayan demostrado”.