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Italia suspende las anunciadas expulsiones masivas de rumanos

El asesinato de una mujer en Roma, al parecer a manos de un ciudadano rumano, ha desatado una crisis entre Italia y Rumania. El Gobierno romano aprobó un decreto que autoriza, por razones de seguridad pública, las expulsiones de ciudadanos de la UE. En una reunión de carácter urgente, los mandatarios de ambos países, Romano Prodi y Colin Popescu Tariceanu, acordaron medidas para afrontar los problemas ligados a los flujos de ciudadanos comunitarios. Bucarest se comprometió a reforzar la cooperación fronteriza y la  presencia policial en territorio italiano, además de potenciar el trabajo de su consulado y embajada. Prodi, por su parte, ratificó la suspensión de las expatriaciones dirigidas contra los llamados "rom".

El asesinato de una mujer en Roma, al parecer a manos de un ciudadano rumano, ha desatado una crisis entre Italia y Rumania. El Gobierno romano aprobó un decreto que autoriza, por razones de seguridad pública, las expulsiones de ciudadanos de la UE. En una reunión de carácter urgente, los mandatarios de ambos países, Romano Prodi y Colin Popescu Tariceanu, acordaron medidas para afrontar los problemas ligados a los flujos de ciudadanos comunitarios. Bucarest se comprometió a reforzar la cooperación fronteriza y la  presencia policial en territorio italiano, además de potenciar el trabajo de su consulado y embajada. Prodi, por su parte, ratificó la suspensión de las expatriaciones dirigidas contra los llamados "rom".
LD (Agencias) Los primeros ministro de Italia y Rumania, Romano Prodi y Colin Popescu Tariceanu, se han comprometido en Roma a intensificar el trabajo conjunto en materia de inmigración. Para ello, ambos acordaron medidas comunes y pidieron a la Unión Europea que haga un esfuerzo mayor para afrontar los problemas ligados a los flujos intracomunitarios.
 
Según fuentes diplomáticas, Prodi y Popescu trataron de la crisis abierta entre Italia y Rumania por un decreto del Gobierno de Roma que prevé la expulsión de ciudadanos de la UE por motivos de seguridad y que afecta especialmente a los inmigrantes rumanos, los llamados "rom".
 
Tras ratificar lo que su ministro del Interior, Giuliano Amato, ya había adelantado (quedan descartadas las deportaciones masivas), Prodi explicó que entre Italia y Rumania se intensificará el trabajo conjunto en materia de inmigración, conciliando "la necesidad de seguridad de nuestros conciudadanos, ya sean italianos o rumanos, con el de garantizar el pleno ejercicio del derecho de la libertad de circulación", que es una libertad fundamental de la UE.
 
Además de acordar medidas para mejorar la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, ambos políticos esperan que la Unión Europea "movilice lo mejor posible los recursos de que dispone". Prodi añadió que "hemos pedido a la Unión Europea que haga más, pues está claro que para afrontar un asunto como el de los flujos (migratorios) intracomunitarios es necesario que también la UE trabaje a la altura de los problemas que surgen".
 
Crimen en Roma
 
Con esta reunión, desarrollada en un "clima de amistad", ambas partes quieren poner fin a las tensiones de las últimas semanas, tras el asesinato en Roma de una mujer (esposa de un militar) presuntamente a manos de un rumano. Enseguida, el Gobierno local aprobó con carácter de urgencia un decreto, ya previsto dentro de un "paquete de seguridad", que autoriza las expulsiones de ciudadanos de la UE por motivos de seguridad pública. Dotaciones de policías comenzaron a desalojar los primeros asentamientos "rom" y a expatriar al primer grupo de irregulares. El clima de tensión se saldó también con algunos episodios de violencia xenófoba contra ciudadanos de ese país.
 
En la reunión con Prodi, Popescu se comprometió a reforzar los controles y la presencia del consulado y la embajada en Italia. También anunció que "no habrá tolerancia para los delincuentes" y que aumentará el número de sus agentes de Policía en territorio italiano. De manera paralela, ambos países se han comprometido a crear un grupo operativo policial común con el fin de "combatir el crimen" y la cooperación entre los guardias fronterizos.
 
Popescu y Prodi informaron que habían escrito una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en la que piden "nuevas medidas para favorecer la inclusión social de las personas más desfavorecidas, con una atención particular a la comunidad gitana, recurriendo incluso a los fondos estructurales". Además, demandan medidas para tratar de manera correcta el regreso a sus lugares de origen de las personas que no están en condiciones de vivir en otro país y para reforzar la cooperación entre Estado de origen y destino, "sobre todo en la gestión conjunta de los flujos migratorios".

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