L D (EFE) El fallecimiento tuvo lugar la madrugada del viernes, cuando Madeleine Z.B., que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2001, se quitó la vida en presencia de tres miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), hecho que ha denunciado el hijo de la fallecida, Domingo Biver.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) confirmaron la apertura de diligencias previas, como siempre ocurre en los casos de muerte no natural, como podía ser éste. Asimismo, la Policía Nacional está instruyendo un atestado sobre este caso, que remitirá a la titular del citado Juzgado de Instrucción para que adopte una decisión sobre el mismo.
Denuncia a la DMD
El hijo de la fallecida mostró su "sorpresa" por la decisión de su madre de quitarse la vida e indicó que ha denunciado a la asociación DMD por estar presente durante su muerte. Biver explicó que su madre no le había comentado su intención de quitarse la vida, aunque "alguna vez, en un momento de crisis o de depresión, dijo que quería dejarlo todo, pero a los dos días se le había pasado y no volvía a sacar el tema".
Indicó que ha denunciado todo lo sucedido, "sobre todo por el hecho de haber estado personas delante de mi madre mientras ella fallecía". "Si mi madre había tomado una decisión de acabar con algo, que no sé muy bien con qué, puede ser respetable, pero que haya tres personas aquí viendo el fallecimiento no lo veo correcto", añadió.
Guía para suicidarse
Por su parte, el presidente de la Asociación Federal de Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, dijo comprender "la pena" de Domingo Biver, pero insistió en que acompañar a una enferma terminal durante su muerte no es un "homicidio" ni un delito.
Los voluntarios de DMD que acompañaron a Madeleine no procedían de la sede de esta asociación en Valencia, de reciente constitución, sino de la asociación federal, ubicada en Madrid, explicó. Esta asociación acompaña desde 1993 a enfermos terminales e irreversibles que desean suicidarse y ofrece una guía con métodos para cumplir este objetivo.
Marín explicó que los casos en los que se acompaña a los enfermos son "excepcionales" y recordó que acompañar u ofrecer apoyo moral a una persona convencida de acabar con su vida, "al no ser un acto directo", no se puede considerar que va contra la ley, y dar información es una "conducta impune".
Inducción al suicidio
El Código Penal castiga con penas de cuatro a ocho años "al que induzca al suicidio de otro"; de dos a cinco años a quien coopere con "actos necesarios al suicidio", y de seis a diez años "si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte".
La Guía de Autoliberación que la asociación reparte entre sus socios aconseja que antes de considerar el suicidio se agoten todos los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida y asegura que el dolor se puede aliviar en la mayoría de los casos.
Tras recomendar la redacción de un testamento vital, apuesta por la discreción y la prudencia en caso de que el enfermo desee ser acompañado, que prevea quién encontrará su cadáver y cuál será su reacción.
La eutanasia no es legal
La eutanasia activa no está legalizada en España, y el actual Gobierno no tiene intención de despenalizarla, ya que considera "suficiente" el consenso alcanzado en 1995 en torno a la reforma del Código Penal sobre la eutanasia.
El pasado mes de junio, y al reabrirse la polémica por la muerte de pentapléjico Jorge León, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo en el pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno entendía que era suficiente la citada reforma, por la que se despenalizó dejar de prolongar artificialmente la vida más allá de lo que resulta humanamente soportable.