Investigan la discriminación a una niña objetora a EpC en un colegio de Madrid

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid está investigando un caso de discriminación de una niña por objetar a Educación para la Ciudadanía en un instituto madrileño, que al parecer utilizó unos criterios arbitrarios con el único objetivo de perjudicarla, según informó Madrid Educa en Libertad.

En un escrito, este organismo solicita un exhaustivo informe a la Dirección Territorial de Educación, que depende de la Consejería que dirige Lucía Figar, sobre el instituto de la menor.

Los hechos se remontan a septiembre de 2008 y junio de 2009, cuando una alumna de 2º de ESO de un instituto madrileño no entró a clase de EpC después de que sus padres objetaran a la asignatura. Así, la niña permaneció en la biblioteca durante su hora semanal de clase esperando una alternativa para superarla.

Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencias sobre objeción a EpC, los padres de la alumna decidieron que se presentara al examen en septiembre. Sin embargo, la dirección del instituto les recomendó que mejor se examinara en junio, algo que hizo obteniendo una nota de 6, 9 en el examen. Sin embargo, en el boletín de notas apareció un 4.

Para reclamar una subida de nota, los padres se entrevistaron con el Jefe de Departamento y la profesora que había impartido EpC, quienes explicaron que habían aplicado a la menor los procedimientos ordinarios de evaluación continua en los que el 60 por ciento correspondía a la nota del examen y el 40 por ciento al trabajo en clase.

Según Madrid Educa en Libertad, este procedimiento no era aplicable al caso de la niña porque ésta no había entrado en clase. En contra, se le tenía que haber aplicado el procedimiento de evaluación extraordinaria que cada Departamento didáctico establece, desde comienzos de curso en la programación anual de las asignaturas.

En todo caso, los padres reclamaron la nota ante la correspondiente Dirección Territorial de Educación (dependiente del Gobierno madrileño). De forma paralela, la madre de la menor se acercó al instituto para recoger los contenidos de EpC que se iban a exigir en septiembre y le entregaron un documento que no se atenía a los contenidos oficiales de la asignatura. Solicitó entonces contrastar los contenidos con la Programación del Departamento, "algo que le fue negado de muy malas formas a pesar de ser tratarse de un documento público", según la asociación.

Posteriormente, los padres se entrevistaron con la Inspectora de Educación en el propio instituto y pudieron revisar la programación de EpC. Así pudieron comprobar que habían sido engañados y que en ella nada se decía de calificar a los alumnos un 60 por ciento por la nota del examen y un 40 por ciento por el trabajo de clase.

"En definitiva, el Instituto había aplicado a la niña unos criterios arbitrarios con el único objetivo de perjudicarla. A todo esto, llegó el mes de agosto y la Consejería de Educación no se había dignado a contestar la reclamación de la nota de junio, con lo cual no sabía si tenía o no que presentarse en septiembre al examen de EpC", señala Madrid Educa en libertad.

Finalmente, la Resolución de la reclamación (desfavorable a la petición) llegó a los padres el 1 de septiembre, la víspera de la celebración del examen de EpC.

En este contexto, convencidos de que su hija ha sufrido una evidente discriminación por ser objetora a EpC, los padres de la joven acudieron al Defensor del Menor madrileño, quien va a solicitar un exhaustivo informe a la Dirección Territorial de Educación correspondiente al Instituto de la menor.

Concretamente, el departamento dependiente de Lucía Figar tendrá que responder sobre procedimientos ordinarios y extraordinarios de evaluación y su aplicación y cuando fue notificada la Resolución que denegaba la reclamación de la nota de María.

La portavoz de Madrid Educa en Libertad, María Menéndez, aseguró que lo ocurrido "evidencia la absoluta indefensión en la que el Gobierno de Esperanza Aguirre abandonó a los padres que habían objetado a EpC cuando no dejaron de interesarle como reclamo electoral". A su juicio, queda clara "la voluntad de los padres de defender sus derechos y los de su hija hasta el final".