L D (EFE) Tras entrevistarse con el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género, Montserrat Comas, explicó que la urgencia de esta reunión se debe a los tres casos de violencia mortal contra mujeres registrados la semana anterior, cuyos agresores incumplieron las órdenes de alejamiento que sobre ellos pesaban.
Uno de los fines del protocolo es "dar una respuesta tajante, rápida y urgente ante el incumplimiento" de las medidas cautelares dictadas por un juez y "que se activen las mecanismos contemplados ya en la ley", manifestó la juez en una breve rueda de prensa. Además, añadió, se trata de "sentar las bases de coordinación entre la policía nacional, la Guardia Civil, las fuerzas autonómicas y las policías locales", en el caso de que la futura Ley Integral contra la Violencia de Género decida que la policía municipal "entre a formar parte de esta importante tarea de control y cumplimiento de las Ordenes de Protección".
En la reunión, a la que asistió el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Manuel Marchena, se abordó también el "interés de estudiar de qué forma priorizar las órdenes de protección a efectos de que haya una respuesta policial adecuada en aquellos casos donde exista un determinado nivel de riesgo". "Graduar distintas respuestas policiales, de vigilancia y de protección, individualizando caso por caso y priorizando aquellos donde haya mayor riesgo", puntualizó al respecto la vocal del CGPJ.
El futuro protocolo aboga asimismo por un "sistema ágil de intercambio de información" entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los órganos judiciales, de modo que "a los pocos minutos" los agentes tengan conocimiento de que un juez ha emitido una orden de alejamiento. Asimismo se persigue que los agentes comuniquen a los tribunales todas las incidencias relativas al cumplimiento o no de las órdenes de alejamiento y órdenes de protección, de las que se benefician más de 6.000 mujeres desde la entrada en vigor de este mecanismo legal de protección, el pasado 2 de agosto.
Tras señalar que en el marco de la futura Ley Integral contra la Violencia de Género -la primera que el Gobierno del PSOE se ha comprometido a enviar al Parlamento- se aprobarán "nuevas vías de solución" contra este tipo de delincuencia, Comas avanzó que el protocolo será remitido en breve a la comisión de seguimiento de la ley reguladora de la orden de protección. En dicha comisión están representadas las comunidades autónomas, los ministerios de Justicia, Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Entre el "abanico" de nuevas medidas que se pueden adoptar, Comas citó la colocación de pulseras electrónicas a los maltratadores, que sólo puede implantarse cuando existe previamente una condena.
Uno de los fines del protocolo es "dar una respuesta tajante, rápida y urgente ante el incumplimiento" de las medidas cautelares dictadas por un juez y "que se activen las mecanismos contemplados ya en la ley", manifestó la juez en una breve rueda de prensa. Además, añadió, se trata de "sentar las bases de coordinación entre la policía nacional, la Guardia Civil, las fuerzas autonómicas y las policías locales", en el caso de que la futura Ley Integral contra la Violencia de Género decida que la policía municipal "entre a formar parte de esta importante tarea de control y cumplimiento de las Ordenes de Protección".
En la reunión, a la que asistió el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Manuel Marchena, se abordó también el "interés de estudiar de qué forma priorizar las órdenes de protección a efectos de que haya una respuesta policial adecuada en aquellos casos donde exista un determinado nivel de riesgo". "Graduar distintas respuestas policiales, de vigilancia y de protección, individualizando caso por caso y priorizando aquellos donde haya mayor riesgo", puntualizó al respecto la vocal del CGPJ.
El futuro protocolo aboga asimismo por un "sistema ágil de intercambio de información" entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los órganos judiciales, de modo que "a los pocos minutos" los agentes tengan conocimiento de que un juez ha emitido una orden de alejamiento. Asimismo se persigue que los agentes comuniquen a los tribunales todas las incidencias relativas al cumplimiento o no de las órdenes de alejamiento y órdenes de protección, de las que se benefician más de 6.000 mujeres desde la entrada en vigor de este mecanismo legal de protección, el pasado 2 de agosto.
Tras señalar que en el marco de la futura Ley Integral contra la Violencia de Género -la primera que el Gobierno del PSOE se ha comprometido a enviar al Parlamento- se aprobarán "nuevas vías de solución" contra este tipo de delincuencia, Comas avanzó que el protocolo será remitido en breve a la comisión de seguimiento de la ley reguladora de la orden de protección. En dicha comisión están representadas las comunidades autónomas, los ministerios de Justicia, Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Entre el "abanico" de nuevas medidas que se pueden adoptar, Comas citó la colocación de pulseras electrónicas a los maltratadores, que sólo puede implantarse cuando existe previamente una condena.