L D (EFE) Antes de desconectarla de la unidad de ventilación mecánica que la mantenía "artificialmente con vida", el equipo asistencial que la atendía adoptó las medidas necesarias para que no sufriese "ningún dolor", informó la Delegación Provincial de Salud.
Inmaculada Echevarría fue trasladada del Hospital San Rafael de Granada, donde ha estado los diez últimos años y gestionado por una orden religiosa, al de San Juan de Dios, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este traslado se produjo por decisión de la orden religiosa de San Juan de Dios, que gestiona el hospital en el que permanecía la paciente, según informaron en un comunicado la institución religiosa y la Delegación Provincial de Salud.
Inmaculada Echevarría fue trasladada del Hospital San Rafael de Granada, donde ha estado los diez últimos años y gestionado por una orden religiosa, al de San Juan de Dios, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este traslado se produjo por decisión de la orden religiosa de San Juan de Dios, que gestiona el hospital en el que permanecía la paciente, según informaron en un comunicado la institución religiosa y la Delegación Provincial de Salud.
Echevarría, de 51 años y que padecía una distrofia muscular progresiva que la dejó tetrapléjica, tenía la autorización del Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz para que se cumpliera su petición, que se encuadra en un caso de limitación de esfuerzo terapéutico. El Servicio Andaluz de Salud garantizó este miércoles "el cumplimiento de la petición de la paciente".
La Delegación Provincial de Salud justificó el traslado al área de Cuidados Básicos del Hospital San Juan de Dios, que está en un edificio anexo al Hospital San Rafael, en la necesidad de "evitar molestias innecesarias a la paciente" y tras la solicitud presentada por la dirección de su anterior centro médico. La paciente permaneció en los últimos diez años en la Unidad Funcional de Ventilación Mecánica del hospital de San Rafael, concertada con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Ante la petición de Echevarría, la dirección de este centro informó de que "acepta" la interrupción de un tratamiento "respetando el principio de autonomía del enfermo y el documento de voluntades anticipadas, si así lo quiere y lo expresa el paciente, debidamente informado y comprendiendo las consecuencias de su opción", premisas que se cumplían en el caso de esta mujer. La dirección añadió en el comunicado que reconoce que el médico tiene la obligación de mitigar un sufrimiento "aunque como consecuencia de este tratamiento pueda acelerarse la muerte del enfermo" y que sus integrantes son conscientes de que no todos los tratamientos que prolongan la vida biológica "resultan humanamente beneficiosos para el paciente".
En el caso de Echevarría, los responsables del centro señalaban que el cumplimiento de su solicitud de desconectarla del respirador le crearía "un sufrimiento añadido importante, por lo tanto, es necesario su sedación para mitigarle el dolor", aunque consideran su petición "correcta y aceptable, desde el punto de vista jurídico y ético". Sin embargo, la dirección del hospital de San Rafael alegó que como la asistencia a esta paciente es compartida con el Servicio Andaluz de Salud optó por trasladarla a un centro público "para que se le realice cuanto necesite y así garantizar adecuadamente la solicitud de la paciente".
La Delegación Provincial de Salud justificó el traslado al área de Cuidados Básicos del Hospital San Juan de Dios, que está en un edificio anexo al Hospital San Rafael, en la necesidad de "evitar molestias innecesarias a la paciente" y tras la solicitud presentada por la dirección de su anterior centro médico. La paciente permaneció en los últimos diez años en la Unidad Funcional de Ventilación Mecánica del hospital de San Rafael, concertada con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Ante la petición de Echevarría, la dirección de este centro informó de que "acepta" la interrupción de un tratamiento "respetando el principio de autonomía del enfermo y el documento de voluntades anticipadas, si así lo quiere y lo expresa el paciente, debidamente informado y comprendiendo las consecuencias de su opción", premisas que se cumplían en el caso de esta mujer. La dirección añadió en el comunicado que reconoce que el médico tiene la obligación de mitigar un sufrimiento "aunque como consecuencia de este tratamiento pueda acelerarse la muerte del enfermo" y que sus integrantes son conscientes de que no todos los tratamientos que prolongan la vida biológica "resultan humanamente beneficiosos para el paciente".
En el caso de Echevarría, los responsables del centro señalaban que el cumplimiento de su solicitud de desconectarla del respirador le crearía "un sufrimiento añadido importante, por lo tanto, es necesario su sedación para mitigarle el dolor", aunque consideran su petición "correcta y aceptable, desde el punto de vista jurídico y ético". Sin embargo, la dirección del hospital de San Rafael alegó que como la asistencia a esta paciente es compartida con el Servicio Andaluz de Salud optó por trasladarla a un centro público "para que se le realice cuanto necesite y así garantizar adecuadamente la solicitud de la paciente".