El subdelegado del Gobierno en Madrid, Ricardo García García, y un sargento de la Guardia Civil tendrán que declarar como imputados en el juzgado de instrucción número 4 de San Lorenzo del Escorial por un presunto delito contra la libertad de culto y religiosa.
La querella del sindicato Manos Limpias ha logrado que el juez abra diligencia por un ataque a la libertad religiosa, en lo que La Gaceta califica de hito histórico. El pasado noviembre cientos de fieles tuvieron que rezar fuera del recinto pese al frío y las dificultades planteadas por las autoridades.
A ambos se les imputa por el cierre de la basílica que impidió a los feligreses asistir al servicio religioso durante días. "Es una victoria de la libertad", explicó Miguel Bernard, secretario general del sindicato, al diario.
"La responsabilidad está clara. El subdelegado ordenó vallar el recinto protestando que el desmontaje de la Piedad podía amenazar la seguridad de los transeúntes, pero mientras se prohibía el paso a los visitantes que se sabía que venían a misa, se permitía el paso a autobuses de japoneses".
Manos Limpias pedirá la pena máxima, que varía entre los seis meses y seis años de prisión.