Han llegado cerca de 3.000 personas al Archipiélago canario en lo que va de año —frente a 900 en el mismo periodo del año anterior—, y cuatro de cada diez pierden la vida en la travesía, según una estimación de Cruz Roja. Algunas ONG trabajan desde hace meses en las playas mauritanas desde las que parten las pateras. Hay un Convenio de Repatriación de España y Mauritania, firmado el 31 de julio de 2003, que el Gobierno podría aplicar, que no aplica y que ni siquiera ha invocado en esta crisis. Sin embargo, el ministro de Justicia pide paciencia porque las soluciones “no se van a producir por milagro ni en 24 horas ni en 48, sino que van a requerir estrategias sostenidas en el tiempo y una cuantiosa inversión de recursos públicos”.
El Gobierno ha propagado desde el comienzo de la crisis humanitaria y de seguridad la especie de que el foco mauritano es nuevo, que obedece a un mayor compromiso de Marruecos que el PP no deja de torpedear, y que la respuesta del Ejecutivo ha sido rápida y proporcionada, creando un gabinete de crisis, enviando a Nuakchott a tres secretarios de Estado —Exteriores, Seguridad e inmigración—, agilizando la firma de un convenio bilateral y desplazando a la vicepresidenta a Canarias para analizar la situación “sobre el terreno”.
Una cosa es cierta en la doctrina de autojustificación del Gobierno: no conoce cómo funcionan las redes criminales de la inmigración. Si las conociese, sabría que era previsible que mejoraran sus métodos, cambiasen de rutas, embarcasen a más menores que nunca e hiciesen cualquier cosa que les permita rentabilizar la enorme demanda esperando poder responder a la llamada a la regularización masiva lanzada por Zapatero nada más llegar al Gobierno, en 2004.
Pero ni el ministro de Justicia acaba de descubrir Mauritania en el mapa, ni las redes de inmigración ilegal establecidas en este país eran desconocidas para el Gobierno de Zapatero.
López Aguilar estuvo en Mauritania hace más de un año —28 de febrero de 2005— y convirtió la inmigración ilegal en “uno de los ejes fundamentales” de su agenda. No escatimó elogios para cooperación del régimen autoritario islámico del coronel Mauya uld Sid’Ahmed Taya, del que destacó su “compromiso de primera magnitud” a luchar contra las redes mafiosas que trafican con personas. López Aguilar subrayó el inicio de “una verdadera cooperación jurídica y judicial entre los dos países”, a pesar de que Mauritania y España contaban con un convenio específico sobre inmigración ilegal, firmado el 31 de julio de 2003, que el ministro no invocó durante su viaje y que el Gobierno de Zapatero no ha aplicado desde su llegada al poder, tras las elecciones del 14 de marzo de 2004.
La respuesta rápida y proporcionada, de la que presume el Gobierno, consiste en improvisar y transferir fondos públicos extras a Mauritania para que cumpla con un Convenio firmado hace tres años, que está en vigor y obliga a los dos países a respetarlo. El ministro, que calificó hace un año como “compromiso de primera magnitud” la respuesta del Gobierno de Nuakchott a la inmigración ilegal, parece haber olvidado aquel reconocimiento en la entrevista que concede este domingo a ABC, en la que sostiene que Mauritania tiene “una clara incapacidad para proteger su frontera exterior”.
No hay ninguna referencia a aquella visita oficial, ni se detalla el balance de la cooperación con Mauritania desde entonces en ninguno de los análisis que el Gobierno ha realizado de la crisis humanitaria y de seguridad de las últimas semanas. El 28 de febrero de 2005 el ministro de Justicia anunció una nueva reunión para mayo de ese mismo año con su colega mauritano, Diabira Bakary, así como un nuevo convenio en materia de Justicia antes de diciembre de 2005.
Parte de la respuesta que el Gobierno ha dado a la emergencia por el naufragio y la llegada de pateras desde Mauritania ha consistido en hablar con insistencia del éxito de la cooperación con Marruecos y de la estrategia clara de Zapatero para luchar contra la inmigración ilegal. Si el foco mauritano se percibe como un efecto inesperado y coyuntural del éxito de la política española, entonces el Gobierno lo tendrá más fácil para convencer de que su respuesta ha sido ágil.
Pero cuando se constata que el Gobierno intentó fijar hace un año la inmigración ilegal como “uno de los ejes fundamentales” de su agenda bilateral con Mauritania, y ha renunciado a hacer aplicar el Convenio de repatriación firmado en 2003, entonces su respuesta a la crisis de las pateras se revela como signo de improvisación en materia de Extranjería.
El ministro de Justicia y diputado por Las Palmas se ha movilizado para decirle a la población: “Llevo muchos años concienciando” sobre el problema de la inmigración y “ahora, como ministro de de Justicia, tanto en el Consejo de Ministros como en la UE, me estoy empleando a fondo para construir soluciones”.