Gómez de Liaño teme que la ley incluya la entrega de documentos históricos a cualquiera que lo pida

L D (Agencias) El letrado, en declaraciones a Europa Press, declaró tener la "impresión" de que lo aprobado por el Consejo de Ministros no sólo autoriza la marcha de documentos desde Salamanca a Cataluña sino que deja la puerta abierta a otro tipo de reclamaciones que pudieran presentar particulares e instituciones de otras autonomías. No obstante, Gómez de Liaño prefirió mostrarse cauto, a la espera de conocer con detalle el articulado del texto, antes de dar su opinión al respecto. "Esta es la hora de los políticos, que sí dan opiniones a vote pronto, mientras que los juristas tenemos que esperar un poco para hacer una valoración más reposada", advirtió el abogado.

 

En cualquier caso, Gómez de Liaño, a quien la Junta de Castilla y León encargó la defensa jurídica de los legajos, se mostró partidario de que, al menos, el Gobierno de Rodríguez Zapatero haya elegido la vía de la ley para realizar el traslado, "que es lo más propio de un Estado de Derecho". Una vez que el Congreso y Senado aprueben la ley correspondiente y ésta sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el abogado anunció que será el momento de acudir al Tribunal Constitucional mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. "Habrá entonces que ver la posibilidad de impugnación que tiene esa ley, aunque yo, en la lucha por el Derecho, siempre he sido optimista", concluyó.

 

 

Tras las últimas amenazas de ERC, el Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de Ley para desmembrar el Archivo de Salamanca y trasladar a Cataluña parte de los documentos. El proyecto, que será remitido ahora a las Cortes para su tramitación hasta convertirse en Ley, contempla la devolución tanto de documentos de la Generalidad como de particulares, posibilidad ésta que se extiende a los de otras comunidades autónomas.

El texto establece que la restitución efectiva se hará en el plazo de tres meses desde la publicación de la Ley y estipula la obligatoriedad de que queden en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca copias digitales de todos los documentos, que tendrán la consideración de auténticas y serán pagadas por la Generalidad. Además, el proyecto regula la creación, en el plazo de un año, de un Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, en el que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil Española.

En esas condiciones, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la decisión adoptada por el Gobierno supone que sólo salen del Archivo de la Guerra Civil "un tres por ciento de los originales, permanece el cien por cien de los documentos" y Salamanca gana un gran centro de estudio y reflexión sobre la contienda. De la Vega insistió en la legitimidad y justicia de la restitución de los "papeles de Salamanca" e hizo hincapié en que no se rompe la unidad documental del Archivo.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, destacó que el Gobierno ha hecho lo que dijo que iba a hacer y "ha cerrado un tema que dura 24 años", que suponía una reivindicación unánime de los partidos catalanes y que el Ejecutivo no quería mantener abierto para evitar que algunos siguieran haciendo "política demagógica".