Garzón también se habría saltado la ley al deshacerse del sumario contra Franco

 

El Pleno de la Sala de lo Penal -compuesto por 18 magistrados- tiene previsto reunirse el jueves de la próxima semana para analizar esta cuestión y otras peticiones y recursos interpuestos en esta causa y si, para entonces, ha llegado el auto de inhibición, la Sala también podría estudiarlo, según han informado fuentes jurídicas.

 

De hecho, Garzón tiene todavía pendiente remitir al Pleno el informe de alegaciones contestando al incidente promovido por el fiscal jefe, que invocó el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para reclamar al "tribunal superior" que retirara la causa al juez por falta de competencia.

 

Las fuentes consultadas han asegurado que Garzón remitirá a la Sala ese informe, en el que debía defender su competencia para investigar las denuncias presentadas por las asociaciones de Memoria Histórica. Ahora que el juez se ha inhibido en favor de los juzgados territoriales, al entender que ya no es competente; defenderá con toda probabilidad esta última decisión, que adopta tras comprobar que no puede ejercer la acción penal contra ningún alto cargo del régimen franquista porque ha certificado que están todos muertos.

 

Algunas fuentes han señalado también que la Sala de lo Penal, al desentrañar el cruce de recursos, autos y peticiones diversas de las partes, podía hacer un reproche jurídico al juez por haber sobreseído la causa en la Audiencia Nacional cuando había transformado ya a sumario las diligencias previas con las que comenzó a tramitarse.

 

Precisamente, esa transformación de las diligencias previas en sumario, acordada al día siguiente de declararse competente, fue interpretada como una "pirueta jurídica" de Garzón para obligar al fiscal a recurrir ante él -Zaragoza pretendía recurrir directamente a la Sala- y ganar tiempo así para iniciar las exhumaciones.

 

Al tratarse de un sumario, lo que Garzón tenía que haber hecho es concluirlo y elevarlo a la Sala para que ésta decidiera si debía continuar la investigación en otros juzgados, decisión para la que el juez instructor carece de potestad, tal y como establece la LECrim, y como ya adelantó en su editorial de este miércoles El Mundo.

 

El archivo de un sumario depende de la instancia superior al juez instructor, es decir, a la Sala de lo Penal, por lo que podría darse el caso de que el Pleno se pronunciará también sobre la conveniencia o no de dictar el auto e incluso sobre si debe anularse.

 

A este respecto, otras fuentes han explicado que Garzón no tiene por qué decretar ninguna conclusión de sumario, ya que éste, a pesar de la inhibición, permanece abierto y será remitido íntegramente a los juzgados en los que se encuentren las fosas que las asociaciones han pedido abrir.

 

El juez pone a disposición de esos juzgados al comité de siete expertos -cinco propuestos por las partes y dos por el juez- y al grupo de Policía Judicial, formado por un jefe y nueve funcionaros con competencia en toda España, que constituyó en el auto en el que se declaró competente el pasado 16 de octubre.

 

En el auto de este martes, Garzón anunciaba a este respecto que daría cuenta al Ministerio de Justicia de los grupos de expertos que ya están recopilando datos, para "evitar solapamientos" con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.

 

Abogados de las asociaciones se reunieron este miércoles unos minutos con Garzón para aclarar las dudas que les ha podido suscitar la resolución del magistrado. Tras este encuentro, los abogados manifestaron que aún no han decidido si recurrirán el auto, ya que, según expusieron, necesitan tiempo para analizar detenidamente la resolución de inhibición.

 

Lo que sí celebran es que el juez se haya referido "por primera vez" a los niños que fueron arrebatados a sus padres para ser educados en la afección al régimen franquista. Creen que puede tratarse de una puerta que se abre para investigar este asunto, sobre el que aseguraron que pueden aparecer testimonios