Gallardón echa a la calle a ocho familias del barrio de la central térmica

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones el Ayuntamiento de Madrid se ha servido de un discutido informe de ruina inminente (tres arquitectos independientes han negado que sea correcto técnicamente), para desalojar a ocho familias de sus viviendas en Vallecas, ocho pisos en un edificio que, como muchos de la zona afectada por la Central Térmica que el Ayuntamiento está construyendo a sólo unos metros, lleva años desatendido por la propia Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

El desalojo se ha iniciado poco antes de las seis de la mañana, probablemente para evitar que fuese grabado por los numerosos medios de comunicación que se han presentado más tarde. A esa hora tan temprana docenas de policías municipales han entrado en el edificio conminando a los vecinos a abandonarlo, sin tiempo material ni para recoger sus pertenencias.

Incluso se ha dado el caso de algunos vecinos que habían salido de sus hogares y a los que la policía ni tan siquiera ha permitido subir a recoger un poco de ropa. Otros, como una mujer de 72 años llamada Lucía, se han resistido hasta muchas horas después, encerrada con su abogado y su hijo hasta que, amenaza por la policía con tapiar la vivienda con ellos dentro, se ha visto obligada a salir.

Imponente despliegue policial

A pesar de lo temprano del desalojo se ha llevado a cabo con un despliegue policial muy llamativo: una decena de coches patrulla, al menos tres furgones de la policía municipal y, en previsión de posibles problemas de orden público, hasta otros diez vehículos antidisturbios que finalmente no han llegado a intervenir. Incluso un helicóptero de la policía sobrevolaba insistentemente la zona.

Los vecinos, apostados en el exterior del edificio han proferido gritos de protesta contra el Ayuntamiento; contra el alcalde Gallardón, que ha recibido una rica variedad de insultos; contra los funcionarios del ayuntamiento presentes; e incluso contra los policías municipales que han participado en el operativo y a los que se reprochaba que cumplieses órdenes injustas.

Desalojo ilegal y los vecinos al albergue

En todo momento los vecinos han asegurado que el desalojo es completamente ilegal, a pesar de contar con una autorización de un Juez. Sin embargo, según cuentan los afectados la juez encargada del expediente ni escuchó sus razones ni, menos aún, prestó atención alguna a los diferentes informes técnicos que le presentaron.

En ellos, como ya hemos comentado, hasta tres arquitectos independientes han garantizado en diferentes estudios que el edificio no se encuentra en estado de ruina inminente, aunque sí reconocían que tenía graves deficiencias de conservación. Una conservación que, paradójicamente, debía haber realizado el propio Ayuntamiento a través de la EMV.

Lo peor de todo es que el Ayuntamiento no ha dado a los vecinos desalojados, entre los que hay una docena de menores, algunos todavía con pañales, y una mujer embarazada, otra opción que ir, durante dos semanas, a uno de los albergues municipales en los que habitualmente se da techo a los indigentes.

Una de las vecinas, que ha abandonado el edificio con su niño de meses en brazos, ha descrito con claridad meridiana lo que pensaba de la oferta municipal: "Cómo voy a llevar a mis niños a un albergue con borrachos y drogadictos".

El detalle más grotesco es que no sólo han sido desalojados sin darles nada a cambio y sin ofrecerles otra cosa que un mísero albergue, es que además tendrán que pagar de su bolsillo la "mudanza" realizada esta mañana y, por si esto no es suficiente, tendrán que correr con los gastos de almacenaje de los enseres sacados por la fuerza de sus casas.

Propietarios legales de sus viviendas

Aunque el Ayuntamiento defiende que los vecinos no ocupaban de forma legal el edificio, éstos se han preocupado en demostrar lo contrario. Varios de ellos mostraban a los medios el contrato, firmado por ellos mismos o por sus familiares en 1958, en el que se cedía la vivienda por 40 años, por supuesto, a cambio de pagar las letras correspondientes.

Al término de ese plazo el consistorio se comprometía a facilitar las escrituras de las viviendas, cosa que no ha hecho, aunque ya han pasado 12 años desde la fecha fijada y pese a que, como es lógico, los vecinos lo han solicitado de manera reiterada.

No obstante, como bien explicaba Pilar, una de las vecinas desalojadas este martes, "que no tenga escritura no implica que no sea la propietaria de mi casa, sólo que no puedo venderla, pero este contrato demuestra que legalmente es mía".

Una situación similar se repite en varios edificios de la zona, todos afectados por el nuevo barrio que el Ayuntamiento se ha empeñado en construir, cueste lo que cueste, alrededor de su polémica central térmica. Hasta tal punto ha llegado el empeño de Gallardón y su equipo, que no respetan ni contratos legales, ni informes independientes, que los vecinos han denunciado al propio alcalde y a otros 25 funcionarios por la vía penal por lo que consideran un "auténtico acoso inmobiliario".

La denuncia ha sido ya admitida a trámite, pero aunque prospere ya llegará tarde para los vecinos del 131 de la Avenida de San Diego que este martes han visto como les sacaban a la fuerza de sus casas.