L D (EFE) Ese delito, introducido el jueves por sorpresa en la segunda y última lectura en la cámara de los diputados del proyecto de ley sobre la adaptación de la justicia a las evoluciones de la criminalidad, contempla un año de prisión y 15.000 euros de multa.
Pero si "la interrupción involuntaria del embarazo por torpeza, imprudencia, falta de atención, negligencia o incumplimiento de una obligación de seguridad o de prudencia" se produce de forma "deliberada" la pena se duplica. El objetivo de esa enmienda, presentada por un diputado de la gobernante UMP, es castigar a los autores de accidentes de circulación que provoquen un aborto y a los profesionales de la medicina que no sean precavidos.
Pero si "la interrupción involuntaria del embarazo por torpeza, imprudencia, falta de atención, negligencia o incumplimiento de una obligación de seguridad o de prudencia" se produce de forma "deliberada" la pena se duplica. El objetivo de esa enmienda, presentada por un diputado de la gobernante UMP, es castigar a los autores de accidentes de circulación que provoquen un aborto y a los profesionales de la medicina que no sean precavidos.
La oposición de izquierdas, las feministas y el cuerpo médico, especialmente los ginecólogos y los obstetras, pusieron el grito en el cielo, al denunciar que ese delito es susceptible de abrir una "brecha" en el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, así como de cuestionar en el futuro la interrupción voluntaria del embarazo. Otro frente que inquieta a los médicos es el riesgo de que los profesionales dedicados a la ginecología puedan ver cómo se multiplican las denuncias contra ellos en los casos de abortos.
La legislación francesa estima que un feto tiene carácter jurídico en el momento en el que nace y no antes. En una sentencia que creó jurisprudencia, el Tribunal Supremo francés consideró en junio de 2002 que un feto no puede ser víctima de un homicidio porque, al no ser sujeto jurídico, nadie puede ser responsabilizado de su muerte.
La legislación francesa estima que un feto tiene carácter jurídico en el momento en el que nace y no antes. En una sentencia que creó jurisprudencia, el Tribunal Supremo francés consideró en junio de 2002 que un feto no puede ser víctima de un homicidio porque, al no ser sujeto jurídico, nadie puede ser responsabilizado de su muerte.