L D La revista Época desvela en su último número que son numerosas las mujeres francesas y portuguesas que se han desplazado hasta España, Barcelona y Madrid, especialmente, con el único objetivo de abortar. Lo hacen aconsejadas por los centros de planificación familiar cuando ya han superado el periodo permitido en sus países. Y es que tanto Francia como Portugal o Andorra tienen leyes de aborto mucho menos permisivas que la española. Por este motivo, las mujeres de los países vecinos que tienen intención de someterse a un aborto y no están dentro de los supuestos contemplados en sus países de residencia, no dudan en viajar hasta España. Saben, y si no así se lo hacen llegar los encargados de las clínicas de planificación familiar, que aquí la ley permite abortar en plazos más flexibles.
Tres son los supuestos que contempla la ley española: cuando, en caso de violación, no han transcurrido más de 12 semanas de gestación, cuando no han superado las 22 pero el feto corre riesgo de nacer con malformaciones y cuando, sin límite de tiempo fijado, es la madre la que corre un grave riesgo físico o psíquico. Este es el supuesto al que se acogen todas las madres que viajan hasta España. El único requisito exigido es la presentación de un informe psiquiátrico. Y en contra de lo que sucede en Francia, este estudio no lo lleva a cabo la Administración sino que son las propias clínicas abortistas las que lo realizan. El negocio, tal y como denuncia Época , es sencillo.
La revista también saca a la luz que la mayor parte de estas interrupciones de embarazo no son comunicadas a las autoridades sanitarias pese a su obligación. Fuentes cercanas a las clínicas abortistas consultadas por Época revelan que al no declarar las intervenciones, tampoco declaran el dinero que ingresan y llaman la atención de que a medida que aumenta el tiempo de gestación se incrementa el precio de la interrupción del embarazo.
Tres son los supuestos que contempla la ley española: cuando, en caso de violación, no han transcurrido más de 12 semanas de gestación, cuando no han superado las 22 pero el feto corre riesgo de nacer con malformaciones y cuando, sin límite de tiempo fijado, es la madre la que corre un grave riesgo físico o psíquico. Este es el supuesto al que se acogen todas las madres que viajan hasta España. El único requisito exigido es la presentación de un informe psiquiátrico. Y en contra de lo que sucede en Francia, este estudio no lo lleva a cabo la Administración sino que son las propias clínicas abortistas las que lo realizan. El negocio, tal y como denuncia Época , es sencillo.
La revista también saca a la luz que la mayor parte de estas interrupciones de embarazo no son comunicadas a las autoridades sanitarias pese a su obligación. Fuentes cercanas a las clínicas abortistas consultadas por Época revelan que al no declarar las intervenciones, tampoco declaran el dinero que ingresan y llaman la atención de que a medida que aumenta el tiempo de gestación se incrementa el precio de la interrupción del embarazo.