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Fraga defiende la objeción de conciencia para los funcionarios que no quieran casar homosexuales

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, ha defendido la libertad de conciencia para que los alcaldes y funcionarios que no quieran casar a homosexuales puedan acogerse a la objeción de conciencia, criterio aceptado en todos los países liberales y democráticos. En una entrevista radiofónica, el candidato rechazó las críticas sobre los 82 años con los que concurrirá a los comicios del 19 de junio.

LD (EFE) En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por la agencia de noticias EFE, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, defendió la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia para los alcaldes y funcionarios que no quieran casar a homosexuales.
 
Al ser preguntado por si celebraría matrimonios de personas del mismo sexo, en el caso de que tuviera esa responsabilidad, destacó que "la ley es la ley y uno puede objetar en conciencia y que sea otro el que la aplique". Fraga, quien se mostró convencido de que "siempre habrá alguien dispuesto a hacer algo que yo creo que no es, en modo alguno, la solución".
 
Por ello, defendió la libertad de conciencia para que España no se convierta en un país totalitario y dijo que la objeción es un criterio aceptado en todos los países "liberales y democráticos. Siempre habrá alguien en la corporación dispuesto a ejercer las funciones delegadas del alcalde".
 
Para finalizar con el tema, el jefe del Ejecutivo gallego relacionó los matrimonios gays con la crisis demográfica, al señalar que puede "agravar muy seriamente un problema que España ya tiene planteado", puesto que, matizó, "pronto será el país más envejecido del mundo".
 
Finalmente, el candidato del PP rebatió las críticas sobre los 82 años con los que concurrirá a los comicios del 19 de junio, al recordar que quienes utilizan esos argumentos no deben conocer a personas como Saramago, Francisco Ayala o Chavela Vargas, entre otros. Abundando en el tema, Fraga reiteró que el adelanto electoral ha respondido al clima de "crispación" existente en la sociedad que, a su juicio, se inició cuando el Gobierno central decidió suspender licitaciones ya programadas e incluso alguna ya concedida a empresas, con el argumento de que a última hora no estaban de acuerdo con el trazado.

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