Fernández Díaz cree que "sería un insulto" que el Ayuntamiento negociara con los ocupas de Can Ricart
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha criticado la posibilidad de que el Consistorio esté negociando con los ocupas que se alojaron en el interior de la fábrica de Can Ricart. Entienden que "si lo hacen se estaría insultando a aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos". El alcalde, Jordi Ereu, ha matizado que si alguien que “ocupa” es “buen vecino”, le merece “todo el respeto”. El malestar vecinal se ha acentuado después de que la Policía autonómica levantara el cordón alrededor del edificio ocupado por un centenar de radicales que se hacen llamar La Makabra y de que se hayan acomodado con mantas, comida y agua servida a domicilio por Cruz Roja. A pesar de la denuncia del propietario, el juez de guardia le ha pedido que demuestre que el edifico es suyo.
En un comunicado, la policía autonómica ha informado que han estado a la espera de la decisión de la autoridad judicial, "la única con competencias", sobre el posible desalojo de Can Ricart. La nota indica que aunque no se había emitido la resolución judicial, el juez sí que les había "informado verbalmente" de su intención de pasar las diligencies abiertas al turno ordinario, para que sea un juez de instrucción quien, a partir de mañana, estudie el caso.
Por ello, la policía autonómica considera que desaparece la necesidad de que los Mossos sigan custodiando el edificio, por lo que seretiraron las dotaciones policiales. Los Mossos señalan que se permitió la entrada del relator de la ONU en materia de vivienda para que comprobase las condiciones en que se encontraban las persones que había dentro, y que al mediodía los policías han ofrecido alimentos y bebidas a estas personas, y que las han rechazado.
Martínez ha señalado que el juez remitirá ahora el caso a un juzgado de instrucción, que será el que, "por la vía ordinaria", se encargue de citar a las partes, pero que ahora no procedía un desalojo inmediato del recinto, en el que en estos momentos hay unas 140 personas, apoyadas por otras 250 que se encuentran en el exterior, ya que un cordón policial impide el paso a la fábrica.
Los promotores de esta ocupación han explicado que Can Ricart es propiedad del Marqués Frederic Ricart, "que está en desuso", y que las naves que han ocupado "no están dentro del proyecto de protección elaborado por el consistorio barcelonés y que su futuro pasa por las manos de la inmobiliaria Realia, de la familia Koplowitz".
Este miembro de la asamblea ha explicado que cuando varios de los okupas han salido al exterior de la fábrica "con velas" para celebrar la decisión del juez de no autorizar el desalojo urgente, varios mossos d'Esquadra han empujado a varias personas y que incluso han llegado a utilizar sus porras. Fuentes de los Mossos LO han negado.
La decisión del juez de guardia se ha producido horas después de que los abogados del colectivo okupa presentasen una demanda ante el juzgado por vulneración de los derechos fundamentales, ya que el cordón policial impedía introducir en el recinto de Can Ricart alimentos, bebidas o mantas. Finalmente, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han permitido a efectivos de la Cruz Roja que entreguen a primera hora de esta tarde alimentos y agua a los jóvenes ocupantes de las dos naves del recinto fabril.
Los Mossos d'Esquadra han recalcado que los agentes de este cuerpo únicamente impedían que entrase gente en Can Ricart, pero no su salida de la fábrica para que pudieran comer o beber. Por su parte, el conocido cantautor Manu Chao ha enviado -según han informado miembros de La Makabra- un comunicado de apoyo a este colectivo de okupas en el que lamenta no estar en Barcelona para "protestar por el absurdo del desalojo".
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