La presidenta, católica practicante, dijo que todo aquel que comete errores tener una oportunidad para enmendarlos. "En un momento en que celebramos y nos alegramos por la resurrección de Jesús, quiero anunciar que estamos cambiando nuestra política sobre aquellos a los que se ha impuesto la pena de muerte. Vamos a reducir su pena a cadena perpetua", fueron sus palabras, tal como las difundió su oficina.
Bajo el mandato de Arroyo no se ha llevado a cabo ninguna ejecución, y la presidenta siempre ha dejado claro que seguirá siendo así mientras ella esté en el poder. Por ello, cuando llegó al poder en 2001, impuso una moratoria a la pena de muerte que detuvo las ejecuciones, pero la suspendió en 2003, después de una oleada de secuestros y asesinatos.
La propia Arroyo, su ministro de Exteriores y el presidente del Congreso así lo han expresado a los ministros y diputados españoles que desde hace años plantean el caso de Paco en sus viajes a Filipinas. Sin embargo, por un lado, siempre queda la duda de qué ocurrirá cuando Arroyo salga del Gobierno y, por otro, Paco defiende su inocencia, y así pretende demostrarlo su abogado, Javier Viada.
Larrañaga está pendiente de lograr el perdón presidencial, ya que el pasado julio el Supremo filipino ratificó la condena a muerte, aunque en noviembre, después de que un ex policía que investigó el asesinato de las hermanas Chiong, por el que Paco está condenado, expresara serias dudas sobre su participación en el crimen y el caso dio un vuelco.
Las irregularidades en el proceso han sido denunciadas tanto por sus abogados como varias organizaciones. Paco Larrañaga, español nacido en Filipinas, hijo de un pelotari vasco --Francisco Larrañaga-- radicado en este país asiático, está internado en prisión desde 1997, y se encuentra en el corredor de la muerte de la cárcel de New Bilibid, en el sureste asiático, un inmenso complejo de barracas y celdas comunes donde se hacinan mas de 16.000 reclusos en condiciones extremas, según datos de la fundación Ramón Rubial.
Larrañaga fue condenado a muerte por el Tribunal Supremo filipino en febrero de 2004, por el asesinato de dos jóvenes filipinas. El máximo tribunal había revisado la condena impuesta por una corte de Cebú (centro del país), que en 1999 le condenó a cadena perpetua.
Paco está "acusado de secuestro y falso arresto, violación y homicidio de Marijoy Chiong; y del secuestro y retención ilegal de su hermana Jacqueline". La organización británica Juicios Justos en el Extranjero (FTA, en sus siglas en inglés) ha denunciado que sólo se encontró un cuerpo y tras las dudas sobre su identidad, el Tribunal se negó a realizar pruebas de ADN.
"En el momento de los supuestos crímenes, Paco se encontraba a más de 300 kilómetros del lugar de los hechos haciendo un examen y asistiendo a sus clases. Hay por lo menos 35 personas que pueden corroborar este hecho", prosigue FTA, que denuncia que "la Corte se negó a escuchar a los testigos de la defensa". "Paco fue acusado y sentenciado a muerte únicamente por el testimonio de un co-implicado, un drogadicto y criminal convicto quien, además, recibió inmunidad tras su declaración", añadió la organización.