Y, en este caso, se produjeron en el entorno de una operación en la que la juez ha detectado indicios de ilegalidad porque considera que se dio el contrato a Sando cuando había, según ella misma afirma, una oferta mejor de otra empresa.
Entre 2005 y 2006 se produjeron dos operaciones relacionadas con Sando. La subrogación del contrato de las naves unidad alimentaria y el concurso público para la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos por 107 millones de euros, de los cuales cinco se abonaron en febrero de 2006. La juez ha relanzado su investigación sobre esta operación con las declaraciones previstas para este viernes.
Por un lado, la del citado Ripollés. Por otro, la de María Victoria Bustamante. Ésta es actualmente jefa de negociado de Vía Pública en el área de Urbanismo donde estuvo un tiempo a las órdenes de Domingo Enrique Castaño, con quien luego compartió consejo de administración en la empresa Mercasevilla.
Según fuentes consultadas, su labor técnica en la operación de venta del suelo se enmarca en su trabajo en la empresa pública y no en la Gerencia de Urbanismo, que no intervino en esta operación salvo en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que contempla el traslado de la empresa y la explotación de su suelo con usos residenciales y terciarios.
La tercera persona que irá a declarar como testigo es el vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero -quien ha sido citado el próximo seis de agosto-. Todos ellos participaron de algún modo en el expediente de contratación de Sando que luego pasó a la ejecutiva de Mercasevilla. Estos datos están recogidos de El Correo de Andalucía.