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El vocal de Urbanismo en Marbella propuesto por el PSOE podría dimitir por su relación con el caso "Ballena Blanca"

El vocal de Urbanismo de la gestora nombrada en el Ayuntamiento de Marbella, el abogado Rafael Duarte Martínez, propuesto por el PSOE, no descarta presentar su dimisión tras conocerse que asesoró sobre urbanismo al Ayuntamiento de Manilva, cuyo ex alcalde fue encarcelado en la operación Ballena Blanca. Por otra parte, el juez del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga espera a lo que dictamine el fiscal para acordar si el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, debe ir a la cárcel o no.

L D (Agencias) El Vocal de Urbanismo, Rafael Duarte Martínez, que no cree que haya incompatibilidad alguna para seguir en su puesto, opina que su hipotética renuncia sería una cuestión "estética", ante la asociación de ideas que podrían tener los ciudadanos.
 
Duarte, que ha efectuado asesoramientos en distintos ayuntamientos desde 1999 hasta hace días, explica que entre ellos lo hizo para el de Manilva sobre diversas cuestiones como el expediente urbanístico que tramitaba este consistorio ante la Junta de Andalucía para justificar el Plan General de Ordenación Urbana y levantar la suspensión parcial del planeamiento de 1994.
 
Si se produce esta renuncia, sería la segunda en la gestora, ya que en su primera semana de funcionamiento uno de sus 16 integrantes, el letrado Salvador Guerrero –propuesto por el PP– dimitió el pasado lunes después de hacerse público que su despacho de abogados defiende a dos imputados en la operación "Malaya", operación contra la corrupción en el consistorio marbellí.

Por otra parte, el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha trasladado al fiscal del caso "Banana Beach" las peticiones de indulto y los recursos de apelación del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y seis ex concejales condenados y que deben ingresar en prisión, para que se pronuncie sobre ellos.

En una providencia, el juez señala que queda a la espera de lo que dictamine el ministerio público, tras lo cual acordará si deben ir o no a la cárcel los siete condenados por un delito urbanístico relacionado con unas licencias de obras.

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