En una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV hecha pública este miércoles, el tribunal estima en parte el recurso de la administración de Navarra contra el decreto del Gobierno vasco de Ibarretxe que establecía el contenido del currículo de la Educación Básica y que, según la resolución, se desarrolló "en torno al concepto Euskal Herria como entidad territorial".
De esta forma, la sentencia declara nulos "cuantos apartados" del currículo "incluyen indiferenciadamente" a Navarra "en el ámbito territorial de Euskal Herria". El Ejecutivo vasco de Ibarretxe aseguró que ese término correspondía a "una opción política" que "parte de una realidad etnológica, cultural o sociológica (no política)", pero la Sala ve como "explícito" que el currículo se redactó "prefigurando" la existencia de una realidad política "que no existe jurídicamente y en la que se incluye a Navarra". Así, añade la Sala, "al hacerlo se menoscaba el reconocimiento de la identidad propia de la Comunidad foral Navarra".
La resolución corrige al Ejecutivo de Vitoria cuando éste argumenta el uso de "Euskal Herria" sobre el informe de la Real Academia de la Lengua vasca, Euskaltzaindia, y matiza que dicha institución no identifica ese término a "una realidad político-administrativa".
Para la Sala, al definir los contenidos del currículo educativo "se debe ejercer con sujeción a la Constitución y al orden jurídico-administrativo vigente, que no puede ser
desconocido ni obviado". Sin embargo, el tribunal limita las pretensiones de la Administración de la comunidad foral que pedía retirar "todas las referencias a Euskal Herria" y "a Navarra" del decreto vasco.
Así, el TSJPV matiza que "su empleo es claramente una opción de intensa carga ideológica, según la cual el concepto sociológico, cultural y etnográfico de Euskal Herria, como espacio de la comunidad de lengua vasca, se erige en referente principal de los conocimientos y materias objeto de estudio junto a los Estados de Francia y España, y sus administraciones territoriales".
Por tanto, al usar ese término "no se desconoce la realidad política de los Estados, en que se encuentra ni su organización administrativa", concluye el tribunal que establece un plazo de diez días en el que las partes pueden presentar recurso de casación a la sentencia.
Esta resolución no tendrá un efecto práctica real, pues la nueva consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, del PSE, trabaja ya desde hace meses en una modificación del currículum vasco de enseñanza que se espera sea anunciada y aprobada durante el próximo mes de marzo.