El TSJC investiga a la juez que archivó la denuncia de una mujer asaltada por Pedro Jiménez
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret, investiga si hubo desatención hacia una denuncia presentada en 2003 contra el presunto asesino de Bellvitge, Pedro Jiménez, por parte de la jueza Roser Aixandri, que cuenta con el apoyo de los jueces de instrucción de Barcelona.
Aixandri tramitó entonces como una falta de amenazas esta agresión de Jiménez, supuestamente cometida el 28 de marzo de 2003 durante un permiso penitenciario, y finalmente archivó la causa tras retirarse la denuncia. Este incidente hizo que se suspendiera durante más de un año un permiso que había solicitado Jiménez a principios de 2003, aunque la suspensión fue levantada finalmente el pasado 26 de junio, tras archivarse el caso, por el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona, Josep Lluís Albiñana.
Pedro Jiménez, que cumplía prisión por violación y robo, es el principal sospechoso del doble homicidio cometido la semana pasada, coincidiendo con un permiso penitenciario de tres días tras el cual no regresó a la cárcel.
Por su parte, la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona ha mostrado "todo su apoyo y solidaridad" con Roser Aixandri, y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe "de forma inmediata en defensa de la dignidad profesional" de la jueza.
De esta forma, los jueces de instrucción de Barcelona han decidido, en una reunión convocada con carácter extraordinario, cerrar filas a favor de la magistrada, a la que también han instado a emprender "acciones legales, penales o civiles" contra el diario La Vanguardia por la publicación, el pasado día 10, de un articulo editorial y una información sobre el archivo de esa denuncia. La Junta de Jueces de Barcelona ha considerado que en dicha publicación se realizaron "afirmaciones totalmente gratuitas" sobre la actuación de la jueza.
En términos similares se han manifestado también Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, quienes han señalado en un comunicado conjunto que la información publicada ha causado "un mal injusto a una juez y a la función que una sociedad democrática encomienda a su poder judicial".
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