El TSJA rechaza suspender cautelarmente Educación para la Ciudadanía en Andalucía

L D (EFE) Fuentes del caso dijeron a Efe que la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso, pero ha rechazado la suspensión cautelar de la asignatura argumentando el daño que haría a todo el sistema educativo y que se trata de unos contenidos fijados a nivel nacional, y no por la Junta de Andalucía.

La consejera de Educación, Cándida Martínez, expresó a Efe su satisfacción por un auto que "da la razón a la Junta de Andalucía y además acepta todos nuestros argumentos" en el sentido de que "se trata de una asignatura obligatoria fijada por ley orgánica y no es algo creado en Andalucía".

Además, el "propio contenido de la asignatura está fijado en real decreto y no por la Junta", y la pretensión de los padres recurrentes "era la suspensión de todas las asignaturas, lo que lógicamente causaría un daño a todo el sistema educativo", añadió la consejera.

Por ello, aceptar el recurso "habría hecho un gravísimo daño a todo el sistema, porque no habríamos podido empezar el curso", dijo Cándida Martínez, quién criticó la "irresponsabilidad" de los recurrentes, uno de los cuales "es un conocido dirigente del PP de Sevilla".

Aunque el alto tribunal andaluz no se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto, en su tramitación judicial la Fiscalía se ha opuesto a la retirada de la asignatura por entender que no afecta a los derechos fundamentales de los niños que recibirán esa enseñanza ni afecta al contenido del derecho a la libertad religiosa.

La asignatura es constitucional y respeta la libertad religiosa, según la Fiscalía, quien defiende que el derecho a la educación "no puede ser reducido a la mera adquisición de conocimientos científicos, culturales o artísticos".

Además, el escrito de la Fiscalía sostiene que la asignatura no supone una imposición ideológica, pues en virtud de la autonomía de los centros educativos, corresponde a ellos mismos "la concreción pedagógica y organizativa de su proyecto educativo".

La sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, pretende resolver pronto el fondo del recurso y el próximo día 13 celebrará una primera vista sobre el mismo, dijeron a Efe fuentes del caso.

Por su parte, el abogado sevillano Carlos Seco Gordillo, que presentó el recurso junto a otros cuatro padres, dijo a Efe que este auto no es firme y que está estudiando su posible recurso ante la misma sala.

 

La asociación Profesionales por la Ética denunció este jueves que la Junta de Andalucía "ha decidido emprender una contraofensiva intentando presionar y amedrentar a los padres que han presentado formulario de objeción de conciencia" contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos "ante la avalancha de objeciones", mediante el envío de un "documento de la Administración educativa socialista en el que se ponen trabas al ejercicio de este derecho constitucional".

 

En opinión del presidente de Profesionales por la Ética de Andalucía, Miguel Gómez de Agüero, "la conducta del gobierno autonómico va dirigida a crear un ambiente disuasorio para el ejercicio del derecho constitucional de los padres a controlar la formación de sus hijos". Gómez de Agüero acusa a la Consejería de Educación de esta Comunidad Autónoma de "desconocer la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional", que prohíbe "realizar acciones para vulnerar" los derechos fundamentales e incluso "poner trabas que dificulten" su ejercicio.

 

El presidente de Profesionales por la Ética de Andalucía calificó asimismo de "positivo" que el escrito remitido a los padres cite "prácticamente toda la jurisprudencia del Tribunal en materia de objeción de conciencia", a pesar de que consideró "significativo" que la Junta de Andalucía "no cite la sentencia en la que el Tribunal Constitucional defendió la existencia del derecho de objeción de conciencia al aborto", en el que afirmaba que "este derecho existe aunque no haya regulación".

 

Para Profesionales por la Ética, la Junta de Andalucía reconoce así que se trata de "un supuesto en el que cabe la objeción de conciencia". Para Gómez de Agüero, "lo que de verdad preocupa a la Junta de Andalucía es la reacción de los padres andaluces y las reuniones y actos pro objeción de conciencia que se están desarrollando por toda la Comunidad autónoma con enorme afluencia de padres". Para el presidente de Profesionales por la Ética de Andalucía, "la rebelión cívica es imparable".