LD (Europa Press) El Tribunal Superior de Valencia propone expedientar, por una falta grave y otra leve a la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia (Alicante), Laura Alabau, que se defendió de las acusación de retrasar la tramitación de bodas homosexuales en su juzgado, filtrada a la prensa por el teniente fiscal del TSJV, José María López Coig.
La juez Alabau respondió a esa campaña con un escrito de protesta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, superior jerárquico de López Coig.
En su propuesta de resolución, sin embargo, el TSJV estima procedente expedientar a la juez por una falta grave, sancionable con una multa de 305 euros, en aplicación del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición– y una sanción por falta leve, sancionable con una pena de advertencia, por el artículo 419.2 de dicha ley –desconsideración con miembros del Ministerio Fiscal–.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado día 24 de abril, por tres votos frente a dos, devolver al instructor el expediente abierto el pasado mes de noviembre a la juez de Denia (Alicante).
En esta segunda propuesta, el instructor del expediente disciplinario considera que al tratarse de una persona revestida del poder jurisdiccional, sus expresiones "deben ser ponderadas y eliminar o no utilizar unos términos de los que pudiera deducirse una desconsideración o falta de mesura" y alega que, en el presente caso, "tal moderación no concurrió" así como tampoco "la necesidad de ponderar el contenido de sus escritos".
En su escrito, que se remitió a los medios de comunicación, Laura Alabau pidió el 24 de mayo del año pasado al fiscal jefe del TSJCV que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Tras la aparición de algunas informaciones, en las que se decía que Alabau tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre homosexuales, y las declaraciones de López Coig al respecto, la juez envió a Ricard Cabedo un escrito en el que pedía la retractación del fiscal y mostraba su "preocupación" porque "esa información la ha proporcionado un miembro Ministerio Fiscal".
En el escrito, la juez aseguró que "todos los expedientes están resueltos mediante auto" y que "las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia", aunque sí destacó que la situación del registro hace que "el único que conoce" su trámite sea el funcionario titular, de modo que "en los ocho días en los que éste estuvo atendiendo la guardia, el registro estuvo prácticamente paralizado".
A la juez le llamó "la atención" que el teniente fiscal "nunca hasta ahora se haya interesado por el trámite del Registro Civil y lo haga sólo respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales".
Así mismo, según agregaba el escrito, "cuando insinúa que yo he retenido esos expedientes está afirmando que he dado una orden en tal sentido al funcionario, lo cual es falso y constituye un delito por su parte"
Persecución del Gobierno
"Si hasta ahora he soportado la persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno sin defenderme ha sido por respeto precisamente a los derechos de todos los ciudadanos usuarios de mi juzgado, dando siempre prioridad a la resolución de sus asuntos frente a mis propios intereses", añadía.
Sin embargo, en el escrito la juez mostró su "especial indignación por el proceder de un compañero del Ministerio Fiscal", quien, en su opinión, "se convierte vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno, al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".