L D (EFE) El Supremo ha considerado además que sería la suspensión del Real Decreto recurrido lo que ocasionara "perturbación", y ha observado que éste debe ser aplicado a todas las comunidades autónomas con carácter general, por lo que su aplicación en unas y no en otras causaría perjuicios al sistema educativo.
El Gobierno decidió aprobar un Decreto para modificar el calendario de aplicación de la LOCE e impedir que entraran en vigor el próximo curso muchas de las medidas previstas en la LOCE, entre ellas la "reválida" al concluir el Bachillerato o el tratamiento de la asignatura de Religión.
Este viernes se han notificado los autos referidos a los recursos presentados por las seis comunidades que habían pedido la suspensión cautelar, en los que uno de los magistrados ha emitido un voto particular al considerar que se impidió a las comunidades examinar de una forma ponderada lo que se había tramitado y observar que algunas de ellas ya habían publicado decretos y ordenes para desarrollar la legislación anterior, la LOCE.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha sentenciado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno y que regula el calendario de implantación de determinadas enseñanzas, "no puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad". Por otro lado, los magistrados subrayan la legalidad del procedimiento seguido por la Administración Central antes de la aprobación del Real Decreto.
El Gobierno decidió aprobar un Decreto para modificar el calendario de aplicación de la LOCE e impedir que entraran en vigor el próximo curso muchas de las medidas previstas en la LOCE, entre ellas la "reválida" al concluir el Bachillerato o el tratamiento de la asignatura de Religión.
Este viernes se han notificado los autos referidos a los recursos presentados por las seis comunidades que habían pedido la suspensión cautelar, en los que uno de los magistrados ha emitido un voto particular al considerar que se impidió a las comunidades examinar de una forma ponderada lo que se había tramitado y observar que algunas de ellas ya habían publicado decretos y ordenes para desarrollar la legislación anterior, la LOCE.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha sentenciado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno y que regula el calendario de implantación de determinadas enseñanzas, "no puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad". Por otro lado, los magistrados subrayan la legalidad del procedimiento seguido por la Administración Central antes de la aprobación del Real Decreto.
Voto particular de Juan José González-Rivas
El magistrado Juan José González Rivas, quien ha emitido un voto particular por disentir de la opinión mayoritaria de la sección que se ha pronunciado, sí considera que no se había consultado antes de aprobar el Decreto las Comunidades Autónomas, y considera que la reunión de la Conferencia Sectorial no suple esa consulta.
Observa además que algunas Comunidades habían publicado ya decretos y órdenes para desarrollar la LOCE, y por el ejemplo en el caso de La Rioja recuerda que ésta ya había promulgado un decreto y once órdenes de desarrollo, o en el caso de Madrid, que había dictado cinco decretos y siete ordenes.
Tras conocer los autos, el subsecretario del ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea, declaró a Efe que estaba "contento" con la decisión del Supremo aunque, precisó, "no tenía dudas de que sería así" y que tenía "la conciencia tranquila" al respecto.
El magistrado Juan José González Rivas, quien ha emitido un voto particular por disentir de la opinión mayoritaria de la sección que se ha pronunciado, sí considera que no se había consultado antes de aprobar el Decreto las Comunidades Autónomas, y considera que la reunión de la Conferencia Sectorial no suple esa consulta.
Observa además que algunas Comunidades habían publicado ya decretos y órdenes para desarrollar la LOCE, y por el ejemplo en el caso de La Rioja recuerda que ésta ya había promulgado un decreto y once órdenes de desarrollo, o en el caso de Madrid, que había dictado cinco decretos y siete ordenes.
Tras conocer los autos, el subsecretario del ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea, declaró a Efe que estaba "contento" con la decisión del Supremo aunque, precisó, "no tenía dudas de que sería así" y que tenía "la conciencia tranquila" al respecto.