El Pleno del Senado aprobó esta tarde de manera definitiva la Ley del Aborti, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación, al rechazar las 88 enmiendas que se habían presentado.
La parte del texto que no contenía ninguna enmienda ha sido aprobada por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU).
En esta votación, la parlamentaria 'popular' María Jesús Saínz García votó a favor de la ley por error, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Por otra parte, el senador socialista Diego García Caro, que se pronunció igual que el resto de su grupo respecto a todas las enmiendas, no votó el texto final de la ley, como así figura en las actas.
Por la mañana, el Pleno del Senado rechazó los tres vetos presentados por el PP, Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN) por un margen de entre cuatro y ocho votos.
Fuentes parlamentarias aseguraron a Europa Press que el Grupo Socialista ha trabajado intensamente estos días con senadores de distintas formaciones para posibilitar que la Ley fuera aprobada de forma definitiva en el Senado y evitar así que fuera ratificada en el Congreso de los Diputados. Aído se hizo una fotografía con los senadores socialistas.
Tras la votación se concentraron a la salida del Hemiciclo la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quienes recibieron las felicitaciones y los aplausos de los parlamentarios socialistas.
La nueva ley permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto.
Uno de los puntos más polémicos, el de las menores, queda fijado de la siguiente manera: las chicas de 16 y 17 años que deben informar al menos a uno de sus padres o tutores legales su deseo de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles "un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo", algo que para lo 'populares' "se va a convertir en un coladero".