L D (Agencias) El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha explicado, antes de conocer que la Fiscalía finalmente recurrirá la decisión del CGPJ, que el Ministerio Fiscal está estudiando interponer un recurso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sancionar sólo con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
"Quiero conocer la resolución, pero en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa", ha dicho el ministro, en los pasillos del Congreso, cuando los periodistas le han pedido opinión sobre la sanción a Tirado. Fernández Bermejo ha añadido que a su juicio "sería bueno" que el Ministerio Fiscal recurriera la medida y de hecho ha anticipado que le consta que "están ya pensando en un posible recurso".
Respecto a la posibilidad de que el propio sancionado pueda a su vez recurrir la multa que le ha impuesto el órgano de gobierno de los jueces, el titular de Justicia ha dicho: "Con todos mis respetos, quien confío que recurra es el Ministerio Fiscal".
"Quiero conocer la resolución, pero en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa", ha dicho el ministro, en los pasillos del Congreso, cuando los periodistas le han pedido opinión sobre la sanción a Tirado. Fernández Bermejo ha añadido que a su juicio "sería bueno" que el Ministerio Fiscal recurriera la medida y de hecho ha anticipado que le consta que "están ya pensando en un posible recurso".
Respecto a la posibilidad de que el propio sancionado pueda a su vez recurrir la multa que le ha impuesto el órgano de gobierno de los jueces, el titular de Justicia ha dicho: "Con todos mis respetos, quien confío que recurra es el Ministerio Fiscal".
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, considera que "siempre" hay que respetar las resoluciones judiciales, si bien apuntó que la multa impuesta al magistrado es "muy escasa y poco ejemplarizante". "La multa me parece bastante escasa desde el punto de vista del sentido común", remachó.
Desde CiU, el portavoz del ramo en la Cámara Baja, Jordi Jané, mostró su respeto por la decisión judicial, pero apuntó que la sanción "sabe a poco" teniendo en cuenta la repercusión social que tuvo el caso de la pequeña Mari Luz.
Mejora de los sistemas de inspección
Dicho esto, el diputado catalán abogó por la mejora de los sistemas de inspección tras detectarse deficiencias a raíz del caso Mari Luz con el fin de que se puedan evitar situaciones similares en el futuro.
De su lado, los nacionalistas vascos, a través de su portavoz de Justicia en el Congreso, Emilio Olabarría, creen que la sanción impuesta por el CGPJ al juez Tirado viene a confirmar la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde de noviembre de 2006, cese en sus funciones para que sus sucesores puedan regenerar la credibilidad perdida.
Tras valorar como "manifiestamente desproporcionada" la sanción en relación con la dimensión "luctuosa y macabra" que provocó el suceso, Olabarría acusó al actual CGPJ de haber actuado "una cierta impronta corporativa" en el ejercicio de la función disciplinaria". Además, abogó por que en el futuro Pacto de la Justicia se revisen en profundidad el régimen de infracciones y el procedimiento sancionador para ajustar las conductas inadecuadas de los jueces.
Mal servicio a la Justicia
En esta misma línea se manifestó el coordinador general y diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien tachó de "ridícula" la sanción impuesta al juez Tirado habida cuenta de las repercusiones "tan dramáticas" de la falta cometida.
Según señaló, existían mecanismos en la inspección y en la sanción para dar una respuesta "más ejemplarizante". "No se pueden escudar en que no hay legislación para dar una respuesta más sólida y que dé satisfacción a todos los que pensamos que, cuando hay fallos, hay responsabilidades". En su opinión, esta decisión supone "un mal servicio a la Justicia", la cual sale "más desprestigiada" y con una visión "muy corporativa".
Cierto sarcasmo
En declaraciones a Europa Press, la diputada de UPyD, Rosa Díez, censuró que "no se ha hecho justicia" porque con esta sanción "ni se repara el daño ni puede tener ejemplo de cara al futuro". A su juicio esta decisión supone un "cierto sarcasmo" puesto que ha llegado en un momento en el que tanto el PP como el PSOE "se les ha llenado la boca de jactarse" por el acuerdo conseguido para la renovación del CGPJ, mientras que en el caso del juez Tirado, "que sí que tiene que ver con la justicia en mayúsculas", no ha habido ninguna mención en los debates.
Así las cosas, subrayó que, dado que la pena "no es proporcional" al error cometido, sería necesario "modificar las normas", ya que "las leyes tienen como objeto hacer Justicia", lo que, según denunció, en el “caso Mari Luz” "no se ha hecho".
El PP: "Respetamos las decisiones judiciales"
La diputada nacional del PP por la provincia de Huelva Fátima Báñez aseguró respetar la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Báñez confió en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 contengan más medios que hagan posible una "Justicia segura".
"Respetamos las decisiones judiciales y lo importante es que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a producir", mantuvo Báñez en declaraciones a Europa Press tras asistir a la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados.
La parlamentaria onubense lamentó que pese a que "algo ha fallado en la justicia" aún no se haya tomado "ninguna responsabilidad política" y apostó por una modernización para que casos "desgraciados" como el de Mari Luz y "algún otro que ha pasado recientemente" no se vuelvan a repetir. "Entre todos debemos colaborar para que la justicia esté pegada a la realidad y atienda con prontitud la demanda de los ciudadanos en cada momento", según señaló Báñez, que pidió que los PGE para 2009 contengan "de verdad" medios para "lograr una justicia justa".
Así, llamó a que las cuentas públicas para el año que viene incluyan "medios materiales" que permitan "agilizar las resoluciones judiciales pendientes" y "un buen control de las sentencias" que, a su juicio, repercutirán en una "justicia segura", garante "de verdad" del Estado de Derecho.
Defensor del Menor: "La vida de una niña no puede valer 1.500 euros"
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, afirmó que "la vida de una niña no puede valer 1.500 euros". Canalda manifestó su "consternación" por esta decisión que tildó de "tremendamente injusta para la familia y la memoria de Mari Luz" y expresó su deseo de que finalmente "la Fiscalía recurra y se aprecie lo que en justicia se debe apreciar: que un error de estas características no puede costar sólo 1.500 euros".
"Probablemente la decisión estará ajustada a derecho porque la han adoptado jueces, pero si es así, algo no funciona porque es una cuestión de sentido común: Cuando de una inactuación judicial se puede desprender que un pederasta estaba en la calle y que ha llegado a matar a una niña pequeña, lo que tiene que suponer es por lo menos una falta muy grave para el juez que no ha tenido la diligencia", aseveró Canalda.
En su opinión, "los jueces tenían que haber pensado que aunque se trata de un compañero, 1.500 euros es una vergüenza" y supone que "salga barato un error de estas características". "Ya le sale barato al pederasta violar a un niño", lamentó el Defensor del Menor, tradicionalmente crítico con las penas que se imponen por este tipo de delitos.