L D (EFE) En una nota de "aclaración" enviada a los medios por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas, se señala que ese tiempo es necesario para que las instituciones firmantes del protocolo aprobado este jueves puedan trasladar a los juzgados competentes, a los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los fiscales los criterios contenidos en el mismo.
Otro de los puntos de los que consta la nota de la también vocal del Consejo General del Poder Judicial, explica que los jueces de instrucción intervienen –en cuanto a la valoración de riesgo de la víctima– una vez presentado el atestado policial, y entonces deciden si se admite o no la solicitud de orden de protección o la medida cautelar de alejamiento, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para el control policial del cumplimiento de la orden de protección o de la medida cautelar de alejamiento, "el órgano judicial también remitirá a las fuerzas y cuerpos de seguridad copia de los informes del proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales o de otro tipo de situación tanto del imputado como de su núcleo familiar, además de la resolución judicial". Esto último se hará para facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad el examen individualizado y la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima a fin de poder adoptar las medidas policiales adoptadas, se añade en el comunicado.
De acuerdo con el protocolo presentado en rueda de prensa tras su aprobación en la Comisión de Seguimiento de la Orden de Protección, las fuerzas policiales podrán evaluar el grado de riesgo de una mujer víctima de violencia doméstica y ofrecerán protección individualizada a la agredida antes de que se produzcan las decisiones judiciales.