El PP se querella contra el alcalde de Sevilla y su socio de IU por el cohecho de Mercasevilla

LD (Libertad Digital) La querella se extiende, entre otros, a Alfredo Sánchez Monteseirín , alcalde de Sevilla, y a Antonio Rodrigo Torrijos , teniente de alcalde por IU, por su condición de presidente y vicepresidente de Mercasevilla, y sobre cuya situación Zoido ha confiado en que pronto se pronuncie la jueza. La jueza ha confirmación la implicación en el caso del Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas , ex alcalde de Camas por el PSOE.

La instructora del caso Mercasevilla ha comunicado la apertura del caso a los cuatro implicados, entre ellos el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas. Los otros tres son los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a la empleada del Mercado Central, Regla Pereira. El auto les da traslado de la denuncia para que puedan ejercer su derecho de defensa. En el mismo auto ha dado el primer paso en la instrucción del caso, al ordenar a la Policía Judicial que recopile todas las subvenciones concedidas por la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en los últimos cuatro años.

Según EFE, el auto ha sido enviado al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en el que le insta a convertir en querella, para poder ejercer la acción popular, la denuncia presentada contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y al primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, entre otros.

La jueza reclama también los informes de auditoría externos realizados y la fiscalización del interventor de la Consejería o en su caso de la Junta, y pide recabar el listado de subvenciones otorgadas por la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla en los últimos cuatro años "a fin de verificar el destino de las mismas".

En el auto se incoan diligencias previas contra el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas; los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; y la secretaria de la Fundación, Regla María Pereira Baus, aunque a esta última el PP desconoce aún qué se le imputa. Igualmente, la querella se extiende al ex consejero Enrique Castaños; el concejal y actual responsable político de Mercasevilla, Alfonso Mir, y el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de empresas municipales, Manuel Marchena, y les acusa de coacciones, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento. Todos ellos son importantes militantes del PSOE de Sevilla.

En el auto de la jueza, entregado a los periodistas durante la rueda de prensa, se pide también que el próximo 24 de junio declaren como testigos Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, empresarios del Grupo La Raza.

Este caso ha sido llevado a los tribunales a raíz de conocerse el contenido de la grabación de una supuesta conversación mantenida en febrero por Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de Mercasevilla en las que se les pedía "que dejen un maletín olvidado con 300.000 euros y que pagaran otros 150.000" a cambio de adjudicarles la Escuela de Hostelería Mercasevilla, proyecto que la Junta había subvencionado íntegramente con 900.000 euros".

Precisamente, el auto reclama el contrato entre Mercasevilla, propietaria de la parcela en la que se iba a ubicar la Escuela de Hostelería, y la empresa Sando, propietaria de la nave, y pide un informe sobre si se ha encargado una auditoría externa por parte del concejal responsable de Mercasevilla, Alfonso Mir.

Zoido ha explicado que en este "grave escándalo" ha sido señalado tanto el Ayuntamiento como la Junta, y sobre el que se ha dicho que "se debe llegar hasta el final" y en el que el PP "no va a parar hasta sacar las personas que tienen manchadas las manos en Mercasevilla para que quien la hace la paga".

El portavoz popular se ha preguntado dónde está la querella que iba a presentar la Junta y el PSOE contra Mellet por implicar al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, aunque se ha mostrado convencido de que probablemente pensarán que a esta persona "mejor no tocarle un pelo no vaya a ser que tire de la manta".

Sobre la petición de la jueza de que la Junta informe de las subvenciones concedidas, Zoido ha indicado que la administración andaluza "está señalada por dos militantes" y acusada de pedir "dinero en maletines" a empresarios por concederle una subvención.El auto aclara que la notificación de la existencia del procedimiento se produce para que puedan ejercitar su "derecho de defensa", a los efectos de lo dispuesto en el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto señala que "toda persona a quien se impute un acto punible podra ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho".

Las defensas de los dos ex directivos de Mercasevilla han sostenido la legalidad de las propuestas realizadas a los empresarios y han negado, de la misma forma, que hubiesen atribuido la comisión de delitos al delegado provincial de Empleo, después de que hubiesen puesto de manifiesto que habían actuado siguiendo instrucciones de Antonio Rivas.

Según los ex directivos del mercado mayorista, las propuestas que se hicieron a los dos empresarios hosteleros se enmarcaban dentro de proyectos de colaboración socio-asistenciales, "plenamente lícitos y siempre dentro de la más estricta legalidad".

Entre las primeras declaraciones que tomará la juez están las de los socios hosteleros del grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas Jiménez, que han sido citados el próximo 24 de junio para que ratifiquen que se les exigió presuntamente el pago de una comisión de 450.000 euros para poder gestionar la escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla Los directivos han sido citados a declarar como testigos del presunto cobro de comisiones ilegales. A estas primeras comparecencias judiciales podrían seguir las de las personas que aparecen como imputadas, aunque la juez aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

El diputado del Partido Popular por Sevilla y portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, exigió hoy a José Antonio Griñán “que despeje la sospecha que existe de que el dinero blanco de las subvenciones de la Junta de Andalucía sale en dinero negro de maletines en Mercasevilla”. El diputado popular se preguntó dónde están las querellas anunciadas por la Junta de Andalucía y por el PSOE contra Mellet por implicar al delegado de empleo en Sevilla, Antonio Rivas. Zoido aseguró que “para algunos socialistas es mejor ‘no tocar ni un pelo’ a Mellet para que no tire de la manta”.

De igual forma, denunció que ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía quieren investigar lo ocurrido en Mercasevilla y recordó que Monteseirín y el PSOE rechazaron la creación de una investigación en el Ayuntamiento de Sevilla y que la mayoría socialista en la Mesa del Parlamento andaluz impidió ayer que el PP pregunte en el próximo pleno al gobierno andaluz sobre este asunto. Zoido afirmó que han sido dos destacados militantes socialistas los que han señalado a la Junta de Andalucía como una administración que pide comisiones, que es ‘algo habitual’, quienes han dicho que ‘la Junta tiene un esquema de funcionamiento de yo colaboro con quien colabora’ y quienes han asegurado que ‘nosotros de todas las subvenciones siempre hay que destinar una parte a donde la Junta en cada momento nos dice’. El dirigente popular aseguró que el PP no parará hasta “destapar a todos los que tienen las manos manchadas en este escándalo sin precedentes en la historia democrática de Sevilla y hasta que el círculo se cierre”.