L D (EFE) El recurso de inconstitucionalidad se dirige también a la potestad normativa que se confiere a las Comunidades Autónomas en el desarrollo del régimen de los docentes funcionarios y la organización de las universidades privadas. Los artículos recurridos son el 34, 35, 37, 62, 56.2, 27 bis y 27.1, según precisó el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Eugenio Nasarre, en conferencia de prensa.
Según el artículo 62, las universidades fijarán concursos para el acceso a plazas públicas de profesorado, lo que permite, asegura el PP, "diferentes regulaciones" del sistema de ingreso de nuevos docentes en los cuerpos de funcionarios, que son "nacionales". El Grupo Popular entiende que esta diferenciación "rompe" la uniformidad requerida y es contraria a las exigencias de igualdad, mérito y capacidad y "reserva de ley" que establece la Constitución.
Nasarre calificó también de "absolutamente pernicioso" el proceso de acreditación al que deben someterse previamente quienes quieran ser profesores universitarios y censuró la composición "absolutamente heterogénea" que tendrán las comisiones que juzgarán los méritos de los candidatos y que sus miembros sean propuestos por la ANECA, una agencia "gubernamental".
Además, el artículo 56.2 "reduce" el régimen del profesorado funcionario público a unas "bases exiguas" y remite la regulación fundamental a las disposiciones autonómicas, lo que "no es compatible con la igualdad constitucional" ni con los cuerpos estatales de profesorado.
El PP opina que los artículos 34, 35 y 37, sobre los títulos oficiales con validez en toda España, comportan una "deslegalización" contraria también a la Constitución porque se deja en manos "enteramente" del Gobierno la fijación o establecimiento de las directrices y las condiciones para su obtención, algo que corresponde a las Cortes Generales, según aseguró Nasarre. "El Estado ha abdicado de competencias intransferibles" y se camina hacia un "cierto caos" de "miles de títulos", agregó.
En cuanto a las facultades de la nueva Conferencia General de Política Universitaria, formada por el Gobierno y las CCAA, (artículo 27 bis), el PP cree inconstitucional que una de sus funciones sea "establecer" (y valorar) las líneas generales de política universitaria, su articulación en el espacio europeo de educación superior y su interrelación con las políticas de investigación científica y tecnológica.
"Establecer excede manifiestamente", cree el PP, las competencias de un órgano consultivo o de mera coordinación de las administraciones con competencias universitarias y "atenta" contra las atribuciones del Gobierno, de las Cortes y de las propias CCAA en este sentido.
Por último, el artículo 27.1 "impone" unas condiciones y requisitos de organización y participación de diferentes sectores en la estructura de las universidades privadas que no respeta el principio de libertad académica y de dirección, entre otros argumentos.
El recurso fue presentado el viernes último contra la Ley de modificación parcial de la LOU, aprobada por el Parlamento en marzo pasado con la única oposición del PP y el apoyo de todos los demás grupos.