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El PP denuncia fraude en la financiación de la cúpula de Barceló

El PP ha pedido que se fiscalice la financiación de la cúpula de Barceló. Dirigen sus sospechas a la fundación creada para la construcción de la cúpula y a la financiación de la obra, nada clara por parte del Ministerio de Exteriores.

El PP considera necesaria la fiscalización ante las "sospechas fundadas de irregularidades concurrentes". Ha pedido al Tribunal de Cuentas que realice un informe de fiscalización sobre la financiación por parte del Ministerio de Exteriores.

El Grupo Popular basa sus sospechas, en primer lugar, en el posible fraude en la creación de la Fundación ONUART, con el fin de eludir los requisitos que deberían haberse exigido para contratar la obra.

En segundo lugar, el PP quiere que se investigue la legalidad de la financiación: Los populares insisten en recordar que el Consejo de Ministros financió la renovación de la sala de la ONU mediante una partida de los Fondos de Ayuda al Desarrollo, que quedó prevista en la Ley de Presupuestos como caso excepcional de entrega de ese Fondo.

Sin embargo, sin estar prevista inicialmente otra dotación para la cúpula, hubo una la segunda vía de financiación que se produjo en 2008 con la aprobación de un Real Decreto. Regulaba  la concesión directa de una subvención a la Fundación ONUART por un importe de más de dos millones de euros.

Además, el PP quiere también que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre la justificación de la subvención de acuerdo con lo que se establecía en el Real Decreto de concesión directa de la ayuda.

La sala número XX del Palacio de las Naciones Unidas fue donada por España en noviembre de 2008 tras ser totalmente renovada y convertida en una obra de arte por el artista mallorquín Miquel Barceló.

Llamada desde entonces sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones, este espacio que alberga la cúpula de Barceló sirve de lugar de reuniones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La creación e inauguración de la sala estuvo envuelta en la polémica por su coste, que se elevó a 20 millones de euros.

 

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