L D (EFE) Pilar del Castillo, en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el Museo del Traje, observó que algunas de las medidas previstas en la Ley, como el nuevo sistema de calificaciones y la eliminación de la promoción automática de curso independientemente de las asignaturas suspensas, están ya en marcha.
Tras la intención expresada por responsables de varias Comunidades de paralizar la aplicación de la Ley y por parte del PSOE de aprobar una moratoria, la ministra en funciones opinó que los socialistas "se deberían dejar de moratorias y de demoras", aplicar la Ley y corregir los posibles fallos que pudiera tener conforme se fuera desarrollando. "No hay que tener tanta ansiedad con lo que han hecho otros", dijo la ministra, quien insistió en que las Comunidades Autónomas tienen que aplicar la norma "y si no lo hacen están vulnerando el principio de legalidad del Estado de Derecho y creando una inseguridad jurídica tremenda".
A su juicio, "no es de recibo para la estabilidad de un sistema democrático" paralizar una ley que se está aplicando "con todos los requisitos y procedimientos", e insistió en que la mayoría de las medidas previstas en ella son respaldadas por "la práctica totalidad" del profesorado y por la "inmensa mayoría" de la sociedad española. Apeló a la responsabilidad y a la actitud "templada" que deben tener los gobernantes y a que no pretendan cambiarlo todo "por el mero hecho de haber cambiado el partido en el Gobierno", por lo que consideró la actitud del PSOE y de las Comunidades autónomas que pretenden paralizar la LOCE "una irresponsabilidad" que genera -dijo- incertidumbre y desasosiego entre los padres, los estudiantes y los profesores.
Declaraciones de Esperanza Aguirre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificó de "atentado a la democracia" que una ley se deje de aplicar "por capricho y voluntad de unos políticos", y recordó que, como ministra de Educación, tuvo que aplicar la LOGSE, "ley en contra de la cual había votado el PP".
Aguirre se refirió de este modo a la decisión de varios gobiernos autonómicos, entre ellos el catalán, el vasco o el canario, de paralizar la aplicación de la LOCE el próximo curso hasta que el nuevo Ejecutivo central marque el calendario de modificación de la ley, aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2002.