L D (EFE) El grupo popular considera en su propuesta de veto que no es "ni posible ni adecuado" regular la situación jurídica de las parejas formadas por personas del mismo sexo incluyéndolas en la institución del matrimonio y recuerda los informes al respecto del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Ante la posibilidad de que su iniciativa no prospere, el PP buscará introducir en el proyecto con sus enmiendas parciales una nueva disposición adicional que permita a las autoridades y funcionarios "de todo tipo" aducir razones de conciencia para no intervenir en las fases de un expediente matrimonial entre personas del mismo sexo.
En opinión de este grupo parlamentario, la libertad de conciencia, reconocida en la futura Constitución Europea, es "el epicentro de la democracia y su reconocimiento por parte de los poderes públicos enriquece las sociedades avanzadas". El PP propone también que la ley no entre en vigor hasta seis meses después de su aprobación.
En ese plazo, según las enmiendas populares, el Gobierno tendría que dictar las disposiciones normativas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a la objeción de conciencia y el sistema de sustitución de quienes la aleguen. Al justificar su enmienda, el PP subraya que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de pensamiento de la persona.
Recuerda además que su falta de regulación no ha impedido "en modo alguno" al Tribunal Constitucional pronunciarse a favor de su reconocimiento "en multitud de ocasiones". Fuentes parlamentarias informaron a Efe de que los grupos de Entesa Catalana de Progrés y Coalición Canaria no tienen intención de presentar enmiendas al proyecto.
En opinión de este grupo parlamentario, la libertad de conciencia, reconocida en la futura Constitución Europea, es "el epicentro de la democracia y su reconocimiento por parte de los poderes públicos enriquece las sociedades avanzadas". El PP propone también que la ley no entre en vigor hasta seis meses después de su aprobación.
En ese plazo, según las enmiendas populares, el Gobierno tendría que dictar las disposiciones normativas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a la objeción de conciencia y el sistema de sustitución de quienes la aleguen. Al justificar su enmienda, el PP subraya que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de pensamiento de la persona.
Recuerda además que su falta de regulación no ha impedido "en modo alguno" al Tribunal Constitucional pronunciarse a favor de su reconocimiento "en multitud de ocasiones". Fuentes parlamentarias informaron a Efe de que los grupos de Entesa Catalana de Progrés y Coalición Canaria no tienen intención de presentar enmiendas al proyecto.