El PP planteará destinar a la educación más de los 6.032 euros propuestos por el Gobierno

L D (EFE) En junio pasado, el PP acusó al Ministerio de Educación y Ciencia de "mentir y engañar a los españoles" al prometer "a bombo y platillo" miles de millones de euros "que no existen". Aunque el Partido Popular no ha ultimado aún su propuesta de financiación será superior presumiblemente a los más de 6.032 millones de euros calculados por el Gobierno como gasto educativo adicional necesario en cinco años compartido por la administración central y las comunidades autónomas.

Un primer borrador conocido de la ley alternativa del PP establece la constitución de un fondo de cohesión interterritorial para promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el país e impulsar políticas de mejora constante de la calidad en el sistema educativo de interés general.

Según el artículo 12, los Presupuestos Generales del Estado consignarán anualmente los créditos que integrarán el fondo citado. Para su reparto equitativo, se tendrán en cuenta como factores preferentes la población escolarizada, la dispersión geográfica, las necesidades específicas del mundo rural, los inmigrantes y demás alumnado con necesidades educativas específicas.

El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijará los objetivos y programas (que podrán ser plurianuales) a que se destinan los recursos, según la propuesta del PP. La gestión del fondo corresponderá al Ministerio de Educación y Ciencia y a las administraciones educativas con respeto de las competencias de cada cual. El artículo 87 se limita a decir que los poderes públicos aportarán los recursos "necesarios" para asegurar el derecho de cada persona a una educación de calidad, entre otros fines.

Un aspecto normativo con repercusiones económicas es la jubilación voluntaria anticipada de los docentes que hayan cumplido los 60 años siempre que cumplan varios requisitos. El proyecto de la LOE dice que se podrá optar a la misma hasta el 4 de octubre de 2010, pero el PP no fija en su propuesta ninguna fecha límite para acogerse a este régimen.