L D (EFE) En el pleno del Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó, como ejemplo de la reacción del Ejecutivo, que sólo en los tres primeros meses del año se ha salvado la vida "a cerca de 1.700 personas". A pesar de ello, reconoció que no es suficiente, y apostó por seguir trabajando en el terreno diplomático, requiriendo más ayuda de la UE; en el humanitario, con más garantías y derechos para las repatriaciones; y en el de la seguridad, con más medios para luchar contra la inmigración irregular.
Las informaciones sobre el cambio de rutas de la inmigración, según explicó el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en declaraciones a la Ser, comenzaron a llegar al Ministerio de Interior a principios del 2005, a través de los servicios de inteligencia y del agregado policial en Mauritania, con lo que "nos ponemos a trabajar y con resultados; a partir de ese momento se empiezan a salvar vidas". Sin embargo, el líder del PP, Mariano Rajoy, consideró, en declaraciones a Onda Cero, que la Fiscalía debería actuar de oficio ante el "ocultamiento" por parte del Gobierno de las informaciones de la Guardia Civil y acusó al Ejecutivo de demostrar "una evidente falta de sensibilidad" y una "improvisación total".
En la misma línea, el secretario general de este partido, Angel Acebes, acusó al Gobierno ante en el pleno del Congreso de haberse "cruzado de brazos". Como el martes hicieron el PP y CiU, Coalición Canaria-Nueva Canaria pidió hoy que comparezca en el Congreso el ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien insistió en el Senado que cuando la Guardia Civil recibió las informaciones de los servicios de información e inteligencia del Estado (CNI) reforzó la vigilancia "con muy buenos resultados".
Alonso aseguró que se han agilizado los trámites de repatriación de inmigrantes a Mauritania y, de hecho, la consejera canaria de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, anunció que las primeras devoluciones tendrán lugar la próxima semana. Tras reunirse en Madrid con la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, pidió la colaboración de todas las Comunidades Autónomas para redistribuir a los "miles de inmigrantes" que llegan a las Islas, dada la saturación de los centros de internamiento, que albergan a entre 2.500 y 2.700 de los 3.573 inmigrantes llegados al archipiélago desde enero.
Siguen llegando inmigrantes
Hoy no paró la llegada de embarcaciones y 35 inmigrantes fueron detenidos frente a El Hierro, tras ser remolcados por un pescador después de siete días de travesía desde Mauritania. Los primeros repatriados serán alojados en el centro de acogida que España construye en la ciudad portuaria mauritana de Nuabidú, un campamento que, según explicó la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, gestionarán las autoridades de Mauritania con el apoyo de la AECI a través de ONG locales e internacionales.
Según apuntó, la Agencia ofrecerá asistencia a las autoridades mauritanas para que realicen una gestión adecuada y proporcionen un "trato digno" a los inmigrantes. En este contexto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidió que se respete el derecho de solicitud de asilo que tienen todos los inmigrantes que llegan a España y reclamó también que se aclare el estatuto del centro que se levanta en Mauritania.
Mientras, una delegación de la Guardia Civil partió este miércoles hacia ese país para sentar las bases del proyecto de patrullas conjuntas en aguas mauritanas, que se pondrán en marcha en abril, con una duración de tres meses y un coste de 180.000 euros (el 60 por ciento financiado por la Comisión Europea). El ministro de Defensa, José Bono, en un chat organizado por "El País", consideró que la inmigración será el problema más grave que tendrá España en los últimos años y aseguró que "aunque alguien lo sugiera, mientras Zapatero sea presidente no vamos a actuar como aquel ministro europeo que amenazó con torpedear las pateras".